Benjamin Song, el líder de una célula de Antifa en el norte de Texas, recibió una condena de 100 años de prisión por el ataque armado al Centro de Detención de Prairieland el 4 de julio de 2025, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Otros siete integrantes del grupo recibieron penas de entre 30 y 70 años. En total, los ocho condenados acumulan 450 años de prisión.
El ataque ocurrió en el centro de detención de inmigración ubicado en Alvarado, Texas, a unos 40 kilómetros al sur de Fort Worth. Los acusados dispararon contra agentes del orden y lanzaron explosivos contra las instalaciones de la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
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Un oficial de policía de Alvarado recibió un disparo en el cuello.
Quién es Benjamin Song y qué hizo
Song fue identificado por la fiscalía como el organizador de la operación. Según pruebas presentadas en el juicio, adquirió más de 50 armas de fuego en el área de Fort Worth y Dallas, las distribuyó entre sus cómplices y reclutó miembros en polígonos de tiro y sesiones de combate.
La noche del ataque, un video de la cámara corporal de un oficial registró a Song gritando “¡vayan a los rifles!” antes de abrir fuego. La bala que alcanzó al oficial de Alvarado en el cuello fue el único disparo que impactó a un agente.
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El juez Mark T. Pittman, del Tribunal de Distrito del Norte de Texas, señaló al imponer la condena: “Es por la gracia de Dios que Song no está muerto. Disparó 11 veces en segundos; el oficial que respondió a ciegas logró golpear el depósito de munición del rifle de Song”.
Cómo fue el ataque del 4 de julio
Al menos 11 integrantes de la célula se presentaron al centro de detención de noche, vestidos con ropa oscura y con el rostro cubierto —una táctica conocida como “black bloc”— para dificultar su identificación. Llevaron 11 armas de fuego, chalecos antibalas y 11 botiquines militares con torniquetes preparados para atender heridas de bala.
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Primero lanzaron fuegos artificiales contra las instalaciones y vandalizaron vehículos y una caseta de guardia. Cuando el oficial de Alvarado respondió al llamado de emergencia, Song ordenó el ataque a tiros.
Song huyó tras el incidente y permaneció prófugo hasta el 15 de julio de 2025, cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) lo capturó.
La palabra de los jueces y los fiscales
El juez en jefe Reed O’Connor afirmó al dictar sentencia: “La violencia y el terrorismo de los acusados es un ataque a la democracia. La planificación, el montaje y la ejecución del ataque llevaron al intento de asesinato de un oficial que, paradójicamente, no está siquiera involucrado en la aplicación de las leyes de inmigración”.
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El fiscal general interino Todd Blanche declaró que “las sentencias dejan en claro que los terroristas de Antifa que atacan a las fuerzas del orden y las instalaciones federales enfrentarán una justicia rápida e inflexible”.
El director del FBI Kash Patel afirmó que el organismo “sigue comprometido a identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiamiento en todo el país”.
Qué argumentó la defensa
Los abogados defensores rechazaron la caracterización de sus clientes como terroristas. El defensor de Song, Philip Hayes, sostuvo que los condenados no eran “un grupo de terroristas”, sino “jóvenes con un gran corazón que querían que su voz fuera escuchada”, según citaron medios de comunicación.
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La defensa también negó que el grupo tuviera vínculos formales con Antifa, un movimiento descentralizado que el presidente Donald Trump designó como organización terrorista doméstica en septiembre de 2025.
Quiénes son los otros condenados y qué sigue
Además de Song, los tribunales sentenciaron a Cameron Arnold (conocido como Autumn Hill), Zachary Evetts, Savanna Batten, Bradford Morris (conocido como Meagan Morris), Maricela Rueda, Elizabeth Soto y Daniel Rolando Sanchez-Estrada.
Una novena acusada, Ines Soto, recibirá su sentencia el 1 de julio de 2026. Ese mismo día se sentenciará a otros siete individuos que se declararon culpables antes del juicio por un cargo de apoyo material al terrorismo, con penas de hasta 15 años.
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El caso fue investigado por la Oficina de Campo del FBI en Dallas, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), y varias agencias estatales y locales de Texas.
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