La American Civil Liberties Union (ACLU) presentó una demanda federal contra la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos por la detención de dos menores hondureños durante más de 300 días en un centro juvenil del estado de Virginia, a pesar de existir un patrocinador aprobado y plenamente evaluado.
Según reportó ABC News, la organización sostiene que el caso revela un patrón de demoras sistemáticas que afectan a menores migrantes no acompañados en los Estados Unidos.
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Protagonistas del caso y cronología de los hechos
La denuncia, presentada ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, división Alexandria, identifica a los adolescentes —hermanos entre sí— como “Jane P.” y “Mark P.”, nombres ficticios utilizados para proteger su identidad. Ambos, de 15 y 16 años respectivamente, huyeron de la violencia de pandillas en Honduras y entraron a Estados Unidos en julio de 2025, según consta en la demanda y en los reportes de ABC News y la propia ACLU de Virginia.
Al llegar al país, los menores no contaban con familiares directos y su patrocinadora fue una amiga cercana de la familia, “Mary L.”, quien se ofreció voluntariamente para acogerlos.
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Los documentos judiciales y el comunicado de la ACLU señalan que, para octubre de 2025, las autoridades federales ya habían completado una evaluación favorable del hogar y las verificaciones de antecedentes necesarias, dejando constancia de que “no hay documentos pendientes” en el caso. Sin embargo, y pese a la existencia de este patrocinador plenamente aprobado, los menores continuaron privados de libertad.
La demanda sostiene que la ORR reabrió de forma reiterada el proceso de patrocinio por detalles administrativos menores y objeciones “técnicas e inmateriales” que, de acuerdo con la organización, no justifican la prolongación de la detención.
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Los hermanos permanecen en el centro juvenil Youth For Tomorrow, una organización cristiana que asiste a menores migrantes no acompañados. Tanto ABC News como la ACLU de Virginia corroboran que, hasta el momento, ni la organización ni el gobierno ofrecieron explicaciones públicas de fondo sobre las razones de esta retención.
Condiciones de detención, derechos vulnerados y argumentos legales
Uno de los ejes principales de la denuncia es la afectación a los derechos de los menores bajo custodia federal. Según el expediente judicial “Jane P. et al v. Salazar et al.”, los niños no solo permancieron privados de libertad, sino que no tuvieron acceso a servicios médicos necesarios ni a adaptaciones educativas documentadas, pese a que requieren atención especializada en ambas áreas. La ACLU subraya que este tipo de carencias puede acarrear daños irreparables en el desarrollo de los adolescentes.
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Sophia Gregg, abogada de la ACLU de Virginia, declaró a ABC News: “La Oficina de Reasentamiento de Refugiados está eligiendo caos y confusión para los niños bajo su cuidado en lugar de seguridad y estabilidad”. Gregg agregó que la ORR debería facilitar la liberación segura y pronta de los menores, en vez de avanzar con lo que describe como una “agenda antiinmigrante de la administración Trump”. La demanda, según la organización, desafía una “nueva versión” de la política de separación familiar impulsada por el gobierno federal en los últimos años.
Por su parte, un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos afirmó a ABC News que la ORR no comenta sobre litigios en curso, en tanto que la organización Youth For Tomorrow no respondió a las solicitudes de comentarios.
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Contexto nacional, impacto y cifras
El litigio se presenta en medio de un endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. De acuerdo con datos citados por ABC News, la permanencia promedio de menores no acompañados en custodia de la ORR aumentó de 30 días en 2024 a 117 días en 2025, una cifra que la demanda considera reflejo de un patrón restrictivo y de obstáculos crecientes para la reunificación familiar.
La ACLU señala que, aunque el caso de estos dos hermanos es extremo, forma parte de una tendencia documentada de demoras y trabas administrativas que afectan a cientos de menores en todo el país.
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La organización advirtió que este tipo de prácticas puede tener consecuencias graves para la salud física y mental de los niños migrantes, que ya enfrentan situaciones de alta vulnerabilidad al llegar a territorio estadounidense.
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