Durante el último año, autoridades republicanas de Texas impulsaron un inédito paquete de modificaciones regulatorias que restringen el acceso de los inmigrantes sin documentos a la educación pública, el empleo con licencia y servicios fundamentales como la adquisición y matriculación de vehículos.
Esta ofensiva, que anticipa la amenaza sobre el derecho de los menores indocumentados a recibir instrucción escolar garantizado por la Corte Suprema de Estados Unidos, busca limitar los incentivos para la permanencia irregular y priorizar los recursos públicos para residentes legales, según declaró el portavoz Andrew Mahaleris a la radio pública regional de Texas, KUT News.
En los últimos 10 meses, medidas del gobernador Greg Abbott y directivas de agencias estatales provocaron la cancelación de más de 6.400 licencias comerciales de conducir otorgadas a refugiados y beneficiarios de DACA, conforme a datos confirmados a KUT News por la agencia de seguridad pública.
La nueva regulación amenaza con dejar fuera de estudios superiores a hasta 18.500 estudiantes que anteriormente podían acogerse a la matrícula local en universidades, de acuerdo con cifras informadas por KUT News tras la reinterpretación normativa realizada por el fiscal general Ken Paxton.
Estas decisiones, dictadas vía reglamentaciones administrativas y sin el debate legislativo habitual, se encuadran dentro de los márgenes legales establecidos en el estado, permitiendo a las agencias actuar durante el receso parlamentario según sus estatutos.
El impacto abarca tanto a los 1,7 millones de personas sin papeles que residen en Texas como a decenas de miles de refugiados y protegidos migratorios, según KUT News. Para la coalición educativa nacional Presidents’ Alliance on Higher Education and Immigration, representada por Corinne Kentor, estos cambios componen “una estrategia coordinada de exclusión que va de la educación básica hasta el desempeño laboral y la mera movilidad en el estado”.
Texas restringe el acceso de inmigrantes a licencias laborales y vehículos
El Departamento de Licencias y Regulación de Texas aprobó recientemente un aumento de los requisitos para la obtención de licencias ocupacionales, afectando desde el sector de la construcción hasta ocupaciones como cosmetología, patología del habla y cría de animales.
Bajo estas nuevas reglas, la mayoría de los inmigrantes sin residencia permanente —sin estatus de asilado, de refugiado, ni calificación como víctimas de trata— quedan fuera de permisos laborales estatales; los beneficiarios de DACA fueron excluidos completamente, conforme lo confirmó la agencia a KUT News.
En septiembre, el gobernador Abbott ordenó intensificar la aplicación del requisito federal de dominio del inglés para conductores de camiones y prohibió la expedición de licencias comerciales a solicitantes que no pudieran justificar presencia legal. Esta política ya había sido intentada por la administración de Donald Trump a escala nacional, aunque fue detenida temporalmente por la justicia federal al no demostrarse impacto sobre la seguridad vial, detalló KUT News.
Las restricciones también se extienden a la compra y registro de vehículos, tras la decisión del Departamento de Vehículos Motorizados de exigir documentación válida que acredite estancia regular en el país, en respuesta al reclamo del representante estatal Brian Harrison. Harrison presentó este endurecimiento como “una acción necesaria en la batalla por el futuro de la civilización occidental”.
Esta medida afectó sobre todo a los comercios automotrices enfocados en la comunidad hispana, cuyos clientes buscan ahora alternativas en otros estados o se ven obligados a conducir sin registro ni seguro vigente, explicó Pablo Higueros, presidente de la asociación empresarial local Texas United Auto and Community Alliance, a KUT News.
El resultado, de acuerdo con testimonios de representantes de pequeñas empresas y organismos de defensa recogidos por KUT News, podría ser contradictorio con los objetivos de seguridad expuestos por los responsables: el crecimiento del número de conductores sin seguro y un repunte de personas fuera del sistema legal, lo que eleva el riesgo de detención y deportación cuando utilizan el vehículo por necesidades básicas, como acudir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela.
El papel central del Poder Ejecutivo en la ofensiva contra derechos de los no ciudadanos
A diferencia del procedimiento habitual, gran parte de las nuevas restricciones no fueron aprobadas por el parlamento estatal, sino fijadas a través de reglamentos internos durante el receso legislativo y bajo supervisión directa del gobernador. Desde 2018, Abbott consolidó su control sobre las agencias y comisiones claves mediante la designación de aliados políticos: seis de los siete integrantes de la comisión que autorizó el cambio en licencias laborales y nueve miembros de la junta de registro de vehículos fueron designados por él, de acuerdo a KUT News.
Esta modalidad generó divisiones políticas significativas. A juicio del representante Ramon Romero, presidente de la bancada legislativa mexicano-estadounidense, “el gobernador está gobernando a golpe de regulación”, sustituyendo el debate democrático por decisiones ejecutivas.
Romero —de origen en el sector de la construcción— advirtió a KUT News que las reformas pueden aumentar los precios inmobiliarios y los costos del seguro, por la reducción de mano de obra disponible y el crecimiento del parque vehicular fuera del sistema.
Abogados y representantes de la sociedad civil como la exasesora legal estatal Gloria Leal y el jurista Jim Harrington del Texas Civil Rights Project señalaron riesgos institucionales en el desplazamiento del equilibrio de poderes y en la alteración del proceso representativo. Para Leal, estas decisiones “eliminan el principio de representación y exigen preguntarse cuál es la urgencia real”.
Próxima etapa: amenaza sobre el derecho educativo de menores indocumentados
El siguiente blanco de los sectores más duros del partido republicano es Plyler v. Doe, el fallo de la Corte Suprema de 1982 que impide a los estados negar la educación pública a menores sin papeles.
KUT News confirmó que la cuestión fue planteada en una reciente reunión entre legisladores texanos y el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, quien instó a activar una impugnación del precedente.
Un dirigente anónimo del partido, citado por KUT News, indicó que “nadie en la corriente principal quiere quitar oportunidades educativas a niños que no eligieron ser traídos” al país, aunque algunos prefieren presionar para que el gobierno federal “deporte a la familia o financie esa educación” en vez de asumirla como carga estatal.
El proceso abre un frente de disputa sobre los derechos educativos en Texas, en un escenario nacional caracterizado por polarización electoral y presión creciente de políticas migratorias restrictivas.
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