El magnate de los fondos de inversión Tom Steyer, uno de los principales candidatos demócratas a gobernador de California para las elecciones primarias del 2 de junio, enfrenta un creciente escrutinio público sobre el origen de su fortuna, especialmente por su relación pasada con inversiones en cárceles privadas utilizadas actualmente para detener a inmigrantes indocumentados.
Este cuestionamiento es impulsado tanto por adversarios demócratas como por grupos de presión de Sacramento, en un contexto electoral de alta competencia, según informó el diario Los Angeles Times.
El historial empresarial de Steyer, de 68 años, ha estado bajo observación durante años, pero las críticas se intensificaron en una reciente asamblea ciudadana en San Diego.
En ese foro, Holly Taylor, demócrata de 37 años dedicada a la limpieza de escenas de crimen, exigió respuestas públicas de Steyer sobre la relación entre su antiguo fondo de inversión y el centro de detención privado de Otay Mesa, al que calificó como “campo de concentración”.
En el marco de las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, Taylor denunció que los detenidos son obligados a “beber agua de un inodoro”.
Junto a otros manifestantes, participa cada domingo en protestas frente a la prisión para recolectar fondos destinados a mejorar las condiciones de los inmigrantes internados.
La empresa Farallon Capital, que Steyer cofundó en 1986, llegó a poseer acciones valoradas en USD 89,1 millones en la entonces Corrections Corp. of America (hoy CoreCivic) en 2005, según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
Esta compañía gestiona cárceles privadas en todo el país, incluida la instalación de Otay Mesa, y recibe críticas constantes por las condiciones en que retiene a personas arrestadas por agentes federales.
El debate sobre el historial empresarial de Steyer ha sido usado por sus rivales para cuestionar la autenticidad de sus credenciales progresistas.
El superintendente estatal de Educación Pública, Tony Thurmond, afirmó: “Steyer hizo millones con compañías que operan centros de detención del ICE y prisiones privadas que encarcelan a niños pequeños”.
Por su parte, el congresista Eric Swalwell escribió en la red X que la campaña de Steyer "se construye sobre las espaldas de niños enjaulados“.
Steyer ha reconocido en varias ocasiones el error de esas inversiones. En 2019, explicó a Los Angeles Times: “Lamento profundamente que Farallon haya realizado esa inversión, y personalmente ordené vender la participación en CCA porque no coincidía con mis valores, ni entonces ni ahora”.
Consultada nuevamente la campaña, remitió a declaraciones recientes en San Francisco, donde Steyer expresó: “Fue un error, y la vendí hace más de veinte años. No fue porque no fuera rentable, sino porque fue un gran llamado de atención: estaba en el lugar equivocado, en un negocio que llevaba a donde no quería ir. Dejé ese negocio y mucho dinero porque no era la vida que quería”.
La situación de Steyer se ve marcada por la presión de la campaña y la vigilancia constante sobre sus decisiones financieras.
Según la declaración de intereses y los reportes fiscales presentados ante la Secretaría de Estado de California, Steyer y su esposa, Kat Taylor, siguen recibiendo ingresos significativos derivados de Farallon Capital, correspondientes a inversiones y transacciones previas hasta 2024.
Su portavoz, Anthony York, aseguró a Los Angeles Times que Steyer ha implementado una política que excluye inversiones en empresas de combustibles fósiles, préstamos abusivos o prisiones privadas, y que, si llegara a beneficiarse indirectamente de inversiones gestionadas por terceros, dona esas ganancias a organizaciones benéficas.
La fortuna de Steyer asciende a USD 2.400 millones, de acuerdo con Forbes, lo que lo posiciona entre los principales donantes del Partido Demócrata a nivel nacional y le ha permitido financiar campañas políticas con recursos propios.
Durante su aspiración presidencial en 2020, destinó cerca de USD 342 millones de su capital personal, y en la actual contienda para gobernador de 2026 ya ha asignado USD 112 millones a su campaña, según la Secretaría de Estado.
Esta capacidad de gasto ha multiplicado su presencia mediática, con más de 5.000 anuncios publicitarios transmitidos en el último mes, según la consultora iSpot, lo que refuerza el alcance de su mensaje político en todo el estado.
A pesar de la magnitud de la inversión, la experiencia reciente en California demuestra que el gasto elevado no garantiza la victoria electoral.
En 2010, Meg Whitman, exdirectora ejecutiva de eBay y reconocida donante republicana, invirtió USD 144 millones en su campaña a gobernadora, pero fue derrotada por Jerry Brown por casi 13 puntos porcentuales.
Un antecedente similar se registró en 1998, cuando el demócrata Al Checchi gastó USD 40 millones sin lograr el cargo.
El pasado empresarial y los compromisos ambientales de Steyer en el centro del debate
El escrutinio sobre Steyer también se ha intensificado por sus vínculos con inversiones en combustibles fósiles, incluyendo proyectos como una mina de carbón en Australia que destruyó miles de hectáreas de hábitat de koala y generó un considerable volumen de emisiones de carbono.
Steyer sostiene que su salida del sector financiero respondió a motivos éticos y que desde entonces ha dedicado sus esfuerzos a promover la justicia rehabilitadora frente al encarcelamiento masivo, salvo en casos de delitos violentos.
En una reunión en Sacramento en marzo, precisó: “Dejé mi negocio hace 14 años. Cualquiera que se preocupe por el dinero no habría hecho eso”.
No obstante, organizaciones como el sindicato de docentes de posgrado de la Universidad de Yale, alma mater de Steyer, han solicitado a la institución que se deshaga de sus participaciones en Farallon, preocupados por el trato a minorías en prisiones privadas.
Las tensiones aumentaron cuando la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Estado donó USD 5 millones a un comité de gasto independiente contrario a la candidatura de Steyer.
De acuerdo con Los Angeles Times, esto revela la fuerte resistencia que genera entre los sectores influyentes de Sacramento.
Con 23,1 millones de votantes registrados en California, el mercado electoral se configura como uno de los más costosos y competitivos del país.
En este contexto, Steyer afirma que aspira a vivir “una vida con sentido” y reclama prosperidad real para la población, subrayando: “Doce billonarios y 40 millones de personas que no pueden pagar el alquiler no es éxito”.
La controversia por el pasado empresarial de Steyer permanece en el debate público y en protestas frente a centros de detención, donde manifestantes como Taylor insisten: “Mi principal problema es que él ha obtenido ganancias financieras gracias al sufrimiento de estas personas”.
El resultado de las primarias en junio pondrá a prueba el alcance de las críticas y la capacidad de Steyer para convencer al electorado de su compromiso con los valores progresistas y la transparencia financiera.
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