Utah aprueba una nueva regulación para agencias de adopción privada tras denuncias de explotación

Con una contundente votación legislativa, el estado de Utah decidió limitar severamente la operación de las agencias de adopción privada y estableció por primera vez en décadas un marco regulatorio estricto que busca frenar casos de explotación y proteger los derechos de las madres biológicas. Esta decisión se inscribe en el contexto de reiterados escándalos y denuncias por prácticas consideradas coercitivas que apuntaban a la proliferación de agencias fuertemente desreguladas que atraían a mujeres embarazadas de todo el país con promesas de incentivos económicos y alojamiento gratuito.

El nuevo proyecto de ley, que obtuvo el respaldo de una mayoría calificada en ambas cámaras, exige que todas las agencias se inscriban como organizaciones sin fines de lucro antes de 2027, prohíbe la publicidad de incentivos financieros a mujeres gestantes y obliga a las entidades a no realizar pagos globales a las madres biológicas.

Además, regula estrictamente el proceso: introduce un periodo de 72 horas de revocación tras la firma de los papeles de adopción, durante el cual la madre puede retirar su consentimiento sin justificación.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Utah será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas medidas mediante un consorcio estatal de agencias y la recopilación sistemática de datos sobre la industria.

La reforma es consecuencia directa de investigaciones periodísticas realizadas y difundidas tanto por la revista estadounidense Mother Jones como por PBS News Hour, el programa de periodismo de investigación de la televisión pública de Estados Unidos, que en 2025 ilustraron cómo mujeres eran inducidas a viajar a Salt Lake City y sometidas a presiones para entregar a sus hijos en adopción, a cambio de dádivas económicas.

Entre los casos detallados destaca el de Tia Goins, trasladada desde Detroit por la agencia Brighter Adoptions, cuyo propietario, Sandi Quick (actualmente Sandi Benson), le entregó USD 4.000 en efectivo únicamente tras terminar el proceso y coordinar su retorno, de acuerdo con el testimonio recogido por Mother Jones. Benson sostuvo el año pasado que siempre priorizó las necesidades de las madres y que ellas comprenden plenamente las implicaciones de la adopción.

La madre adoptiva involucrada afirmó que Goins participó de forma “dispuesta y activa” en todo el procedimiento.

Utah enfrentó obstáculos por la influencia de la industria y casos de alto perfil

A pesar de la resistencia tradicional del sector, con un lobby histórico del negocio de adopción, la acumulación de reportajes —publicados además por The Cut, The Times of London y The Salt Lake Tribune (medios estadounidenses y británicos)— expusieron prácticas abusivas y motivaron a varias agencias a aceptar cambios regulatorios.

Según la representante republicana Katy Hall, autora del proyecto de ley y enfermera especializada en atención postparto, muchas madres biológicas no recibían la protección necesaria: “Debemos cuidar de ellas”, señaló Hall, y sumó que “no parecía que estuvieran siendo atendidas”, en declaraciones a Mother Jones. Hall reconoció que no conocía la magnitud del turismo de adopción en Utah hasta ver la investigación audiovisual de PBS News Hour.

La senadora demócrata Luz Escamilla, impulsora histórica de los cambios, recuerda que Utah enfrentó varios escándalos notorios, como el caso de Paul Petersen, funcionario de Arizona que en 2020 se declaró culpable por tráfico de personas y otros delitos, tras liderar una red interestatal que trasladaba a mujeres embarazadas desde las Islas Marshall para adopciones irregulares, según detalló Mother Jones.

La aprobación de la ley coincide con la “repentina” clausura de Brighter Adoptions, comunicada por Sandi Benson a las familias interesadas en un correo electrónico: “El panorama legal de la adopción ha cambiado significativamente en el último año, dificultando la publicidad y generando oposición para traer madres a Utah”. Benson no contestó a las solicitudes de entrevista de la revista estadounidense sobre el tema.

Grupos de derechos señalan un cambio “atrasado e indispensable”

Organizaciones como Utah Adoption Rights, que reclaman desde hace años protección reforzada para las madres biológicas, perciben la reforma como un avance fundamental. Ashley Mitchell, cofundadora de la entidad, confesó a MoJo que la aprobación del proyecto la conmovió profundamente: “Cuando la votación final pasó en el Senado, simplemente lloré”, expresó.

Para Mitchell, Utah se equipara ahora a los estándares de otros estados, aunque lamenta el largo retraso en adoptar medidas: “Es una vergüenza que haya llevado tanto tiempo y que tantas personas hayan tenido que sufrir”.

La legislación sancionada en Utah introduce límites tangibles a una industria que, hasta ahora, operaba con escasa vigilancia y ofrecía incentivos generosos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Al establecer un plazo de 72 horas para revocar la entrega en adopción, exigir la transformación en entidades sin fines de lucro y prohibir beneficios económicos directos, el estado inaugura una nueva etapa de control que responde a años de investigaciones periodísticas, presión social y casos judiciales de gran resonancia.