
El aumento acelerado de los precios en el sector del cuidado infantil en Estados Unidos está superando a la inflación general y pone en jaque la economía de las familias, que destinan un porcentaje cada vez mayor de sus ingresos a pagar estos servicios.
En 2024, el costo promedio nacional subió un 8 %, mientras que la inflación general aumentó solo un 4 % en el mismo periodo, según datos recopilados por The New York Times. Las proyecciones anticipan que para muchas familias el acceso a cuidados de calidad será aún más difícil si la tendencia se mantiene y la financiación pública sigue disminuyendo.
El gasto supera el umbral considerado “asequible”
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos establece que un gasto razonable en cuidado infantil no debe superar el 7 % del ingreso familiar. Sin embargo, la realidad se aleja de ese umbral en todos los estados.
Por ejemplo, en Alabama el precio promedio anual por un lugar en una guardería para un infante alcanza USD 8.632, lo que representa 10,4 % del ingreso medio estatal, según las estadísticas recopiladas por el grupo Child Care Aware.
La situación se agrava cuando se compara este gasto con el de otras partidas esenciales, como la educación superior, dado que en la mayoría de los estados la tarifa promedio de las guarderías supera la matrícula de las universidades estatales.

Altos costos del sector, gastos operativos y la reducción de subsidios
El último sondeo realizado por la National Association for the Education of Young Children reveló que la mayoría de los establecimientos aumentaron sus tarifas en el último año, en parte por el incremento del precio de los insumos y los alimentos: 9 de cada 10 proveedores informaron subidas en estos gastos.
Los salarios representan la mayor parte del presupuesto en el sector. A pesar de ser un trabajo que requiere alta dedicación —con normativas estatales estrictas sobre la cantidad de niños por trabajador—, el salario medio de las cuidadoras es solo USD 13 la hora. Debido a esto, el aumento legal del salario mínimo impulsa una mayor competencia laboral.
Los datos muestran que los proveedores no pueden compensar los aumentos salariales reduciendo otros costos ni automatizando tareas. Como resultado, frecuentemente trasladan el incremento directamente a las tarifas de los padres o disminuyen el ya exiguo margen de ganancia de los centros.
Wanda Crawford, responsable de Ms. Wanda’s Daycare en Nashville, manifestó ante The New York Times: “Podría aumentar los precios a un nivel que los padres probablemente no podrían pagar, no dar aumentos a las trabajadoras o recortar mi propio sueldo, y opté por recortar el mío”.

Contracción del apoyo estatal y federal
Miles de familias estadounidenses de bajos ingresos reciben subsidios provenientes en su mayoría de un programa llamado “child care block grant” (subvención global para el cuidado infantil), que reparte fondos federales y estatales.
En los últimos meses, muchos estados recortaron estos fondos y redujeron el número de familias auxiliadas o disminuyeron las tasas de reembolso. El fin de las ayudas extraordinarias implementadas durante la pandemia por el gobierno federal agravó la discontinuidad del financiamiento.
Una encuesta reciente recogida por The New York Times indicó que casi un tercio de los centros sufrió una caída en el aporte estatal o federal al funcionamiento. En enero, la administración de Donald Trump anunció su intención de congelar USD 10.000 millones destinados a ayuda para el cuidado y otros servicios familiares en cinco estados gobernados por los demócratas. Un juez bloqueó temporalmente esa medida.
Sherry Picha y su hija gestionan un centro de cuidado infantil en La Crosse, Wisconsin. Tras la expiración de las ayudas federales por la pandemia, su estado aportó pagos mensuales de USD 13.000 para cubrir los costos, pero esos apoyos finalizan este verano. “El 97 % de nuestros gastos son salarios y beneficios para las trabajadoras, y mi hija y yo nos repartimos un sueldo de USD 47.000″, explicó.

Mejoras regulatorias y ampliación de la oferta pública
El desarrollo de programas públicos de preescolar en ciudades y estados lleva, en muchos casos, a encarecer el cuidado de niños más pequeños.
La razón es que los costos de los niños mayores se amortiguan mejor porque pueden estar a cargo de menos adultos por cada grupo, y cuando esas matrículas pasan a ser cubiertas por la oferta pública, el resto del alumnado (lactantes y niños pequeños) concentra el costo fijo y variable de las instalaciones.
Políticas orientadas a aumentar la calidad —como la exigencia de mejoras edilicias o formación universitaria de los cuidadores— también terminan trasladándose al precio. RB Fast, con casi tres décadas de experiencia y responsable de un centro en Denver desde 2022, expresó su apoyo a estas regulaciones pero advirtió sobre el riesgo de que la carga económica recaiga enteramente en los padres: “El gobierno lo quiere, pero no da los fondos, y eso significa que los padres son los que deben pagar por esa calidad”.
Modelo actual insostenible sin una participación estatal activa
Diversos especialistas coinciden en que la solución debe pasar por un mayor financiamiento gubernamental, ya sea mediante aportes directos a los centros o ayudas a los padres.
Hailey Gibbs, directora adjunta de políticas de infancia temprana en el Center for American Progress, afirmó: “Si se busca reducir el costo para las familias, la salida radica en cómo se va a subvencionar; no hay mucho margen para rebajar el costo operativo del cuidado infantil”.

Tanto demócratas como republicanos han planteado alternativas como créditos fiscales, subsidios directos o estímulos a que las empresas financien cuidado infantil, de modo análogo al seguro médico. No obstante, la responsabilidad principal sigue recayendo en los hogares.
Para Nina Buthee, directora ejecutiva de EveryChild California, se trata de una cuestión estructural y sentenció: “Es mucho dinero, pero se debe a la calidad y a la capacitación del personal. Debería costar eso e incluso más, pero esa carga no debería recaer sobre los padres”.
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