El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un paquete de defensa que incluye la eliminación de las sanciones impuestas a Siria en virtud de la Ley César, un paso considerado clave por Washington y sus aliados para acelerar la reconstrucción del país árabe tras la caída del régimen de Bashar al Assad hace un año.
La medida, que obtuvo 77 votos a favor y 20 en contra en la Cámara Alta, ya había sido ratificada la semana pasada por la Cámara de Representantes y quedó lista para la firma final del presidente Donald Trump.
La Ley César, aprobada originalmente como respuesta a los crímenes de guerra del régimen de Al Assad, sancionaba a entidades y personas que colaboraran con Siria en sectores sensibles como energía, construcción, aviación y finanzas. Estas restricciones impedían la llegada de inversiones internacionales y, según denuncias de diversos gobiernos y agencias internacionales, bloqueaban la reconstrucción y dificultaban el acceso de millones de sirios a servicios básicos tras un conflicto que dejó infraestructura devastada, cientos de miles de muertos y más de la mitad de la población desplazada.
La presión para remover las sanciones aumentó tras el nombramiento de Ahmed al Sharaa, ex líder del grupo islamista que encabezó la coalición rebelde que derrocó a Al Asad, como presidente de transición. Al Sharaa, en múltiples foros internacionales y reuniones con líderes estadounidenses, insistió en que mantener el castigo económico pondría en peligro los esfuerzos de normalización institucional y reduciría las chances de atraer inversiones privadas indispensables para la recuperación.
Senadores de ambos partidos estadounidenses reconocieron que la medida busca facilitar la reconstrucción y estabilización de Siria, así como impedir que países o actores regionales saquen partido de un eventual vacío político.
“Esta ley es un paso decisivo para darle al pueblo sirio una oportunidad real de reconstruir tras décadas de sufrimiento inimaginable”, declaró la senadora demócrata Jeanne Shaheen, una de las impulsoras de la derogación. Advirtió, no obstante, la necesidad de que la Casa Blanca supervise el avance del nuevo gobierno en seguridad y protección de minorías tras el levantamiento de las restricciones.
La Ley César debe su nombre a un ex fotógrafo militar sirio que filtró imágenes que documentaban la brutalidad y las torturas en centros de detención durante el régimen anterior. Aunque la derogación retira el marco legal de sanciones profundas, la nueva legislación no contempla dispositivos automáticos que permitan restablecerlas en caso de retroceso, como pidieron algunos senadores republicanos. En cambio, exige reportes presidenciales periódicos al Congreso sobre la situación de derechos humanos, avances en seguridad y gobernanza, y la contención de amenazas de parte de milicias y remanentes de Estado Islámico.
La administración Trump decidió además mantener la presión diplomática para que Israel y Siria consoliden acuerdos de seguridad y cierren sus disputas históricas. Mientras tanto, la lucha contra el terrorismo sigue siendo uno de los ejes, tras la muerte de varios soldados estadounidenses en ataques perpetrados por grupos extremistas en ciudades del centro y este del país.
Trump aseguró que el actual mandatario sirio, Ahmed al Sharaa, “no tuvo ninguna responsabilidad” en esos hechos y prometió mantener apoyo militar limitado hasta que Estado Islámico sea erradicado completamente.
En paralelo, el Congreso estadounidense adoptó criterios de flexibilidad para retirar a Siria de la lista de países sujetos al veto migratorio, aunque Trump advirtió esta semana que el país aún carece de un control estatal confiable sobre la emisión de pasaportes y sistemas de verificación rigurosos.
La decisión de levantar las sanciones allana el camino para un retorno gradual de empresas internacionales, especialmente en los sectores de energía, construcción y finanzas. Naciones Unidas estima que Siria requiere más de 200.000 millones de dólares solo para reparar infraestructura crítica, descontaminar vastas extensiones y garantizar alimentación y atención médica a la población.
Se espera que la derogación impulse la llegada de inversiones y facilite acuerdos con agencias multilaterales y países árabes y europeos comprometidos con la normalización y el desarrollo postconflicto.
(Con información de EFE)
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