
El gobierno de Estados Unidos prepara un aumento sustancial en las operaciones de arresto y deportación de inmigrantes, tras la adopción de una nueva legislación que refuerza el presupuesto y los recursos para estas acciones. Según informó Newsweek, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibieron recientemente la autorización para desplegar una ola de contrataciones y comenzar a ampliar sus operaciones en todo el país.
Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de Asuntos Públicos del DHS, explicó en una entrevista difundida en Fox News que el gobierno tiene como objetivo “impulsar realmente el número de arrestos, especialmente luego de la aprobación de la ley One Big, Beautiful Bill (OBBB)”, cuyo financiamiento facilitará este proceso. La funcionaria detalló que el ICE recibió más de 175.000 solicitudes laborales y ya ha entregado aproximadamente 18.000 ofertas de trabajo, con intenciones de incorporar a 10.000 nuevos agentes en los próximos cinco años.
El plan aprobado, conocido como OBBB, contempla una inyección de fondos por 45.000 millones de dólares para aumentar la capacidad de detención del ICE hasta casi 100.000 camas, así como 14.000 millones destinados al transporte y operaciones de deportación.
Además, la legislación incluye 8.000 millones para contratar personal y varios miles de millones adicionales para programas de cooperación con autoridades estatales y locales, mejoras tecnológicas y políticas de retención para trabajadores del organismo. Como reportó Newsweek, el presupuesto contempla que el ICE alcance un financiamiento superior a los 100.000 millones de dólares para el año fiscal 2029.
El DHS confirmó que, desde el inicio del año, más de 500.000 personas han sido deportadas del territorio estadounidense en el marco de esta estrategia. El portavoz del organismo detalló a Newsweek que solo “decenas de miles” de inmigrantes en situación irregular utilizaron la aplicación CBP Home, que permite autoagendar la salida voluntaria del país; no obstante, unos 1,6 millones de migrantes han dejado territorio estadounidense desde el 20 de enero, sin que todos hayan hecho uso de esa herramienta digital.
McLaughlin recalcó las presiones políticas y judiciales que enfrentan las agencias federales: “nuestra fuerza de seguridad ha afrontado demonización, fallos de jueces activistas y obstáculos por parte de políticos de ciudades santuario que intentan impedir nuestro trabajo”, subrayó en Fox News. “No cederemos y cumpliremos el mandato entregado por los estadounidenses”, añadió la funcionaria del gobierno.
Para reforzar el reclutamiento de nuevos agentes, el ICE ofrece incentivos que incluyen bonos de contratación de hasta 50.000 dólares y programas de pago de préstamos estudiantiles. La agencia cuenta actualmente con unos 20.000 empleados, de los cuales menos de 6.000 forman parte de la división de Operaciones de Detención y Expulsión.
El DHS sostiene que la prioridad continúa siendo aumentar la efectividad de la vigilancia migratoria y la ejecución de deportaciones, con una política de tolerancia cero frente a la permanencia de personas sin documentos. La aplicación de la legislación OBBB representa, según la administración, un nuevo marco para coordinar recursos federales y locales.
Desde la perspectiva oficial, el gobierno de Estados Unidos considera la legislación recién promulgada como un punto de inflexión en el abordaje de la migración irregular, previendo nuevas olas de arrestos a medida que el reclutamiento e integración de agentes alcancen su máximo en 2029. De acuerdo a datos del DHS, el fortalecimiento de la capacidad operativa de ICE transformará a esta agencia en una de las fuerzas policiales federales mejor financiadas a nivel nacional.
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