El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó la suspensión de 4.000 millones de dólares destinados a cooperación y ayuda exterior, fondos que el presidente Donald Trump había retenido de los presupuestos federales.
El fallo judicial ratificó una medida provisional adoptada por la propia Corte a inicios de septiembre. La demanda se originó tras la decisión de Trump, al inicio de su mandato, de recortar hasta 30.000 millones de dólares en ayudas al exterior del país.
Según una publicación del Departamento de Estado en la red social X, “la Corte Suprema falló 6-3 a favor de respaldar el uso histórico que hizo el presidente Trump de una rescisión de bolsillo para cancelar cerca de 5.000 millones de dólares en asistencia extranjera y gastos en organizaciones internacionales”.
El comunicado consideró el fallo como “otra gran victoria” para la política del lema republicano "America First“.
Un tribunal federal de apelaciones había obligado al Gobierno a ejecutar el gasto de 10.000 millones de dólares antes del 30 de septiembre, orden que fue recurrida por la Administración. El Supremo concedió una suspensión cautelar y, este viernes, reafirmó la suspensión provisional sobre 4.000 millones de dólares.
“Después de que el Tribunal de Distrito y la Corte de Apelaciones del Circuito de (Washington) D.C. denegaran suspender esa orden, el Gobierno presentó esta solicitud de suspensión. La solicitud, presentada al presidente del Tribunal Supremo y por él referida al Tribunal, es concedida”, explica el texto emitido por la Corte Suprema estadounidense.
La resolución, respaldada por seis magistrados frente a tres, subraya que “la orden no constituye una decisión definitiva” y representa una posición “preliminar” sobre los fondos destinados al políticas exteriores. Los jueces disidentes argumentaron que la cuestión debería haber sido evaluada en mayor profundidad por los tribunales inferiores, dada su relevancia.
El fallo del Tribunal Supremo destacó que “los daños alegados a la conducción de la política exterior del Ejecutivo parecen superar los posibles daños enfrentados por los demandantes”, según el comunicado judicial difundido este viernes.
Por otra parte, el pasado 3 de septiembre, el máximo tribunal aceptó revisar de manera acelerada la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, situando esta medida en el centro de la agenda judicial.
El Supremo programó la audiencia para la primera semana de noviembre bajo un calendario excepcionalmente rápido, lo que mantiene en vigor los gravámenes mientras se analiza el caso. Las decisiones pueden repercutir en el comercio mundial y la estabilidad de la economía estadounidense.
El conflicto legal surge tras la apelación del Departamento de Justicia, luego de varios fallos desfavorables en tribunales inferiores que concluyeron que Trump excedió su autoridad amparándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), normativa de 1977.
Aunque los jueces reconocieron un uso excesivo de la ley, un tribunal de apelaciones permitió mantener los aranceles vigentes hasta que el asunto se resuelva definitivamente.
El caso actual ante el Supremo no incluye los aranceles sobre acero, aluminio, automóviles ni los impuestos a China en el primer mandato de Trump, ratificados posteriormente por la gestión de Joe Biden.
Según The Wall Street Journal, los ingresos por estos aranceles sumaron 159.000 millones de dólares a finales de agosto, más del doble respecto al año anterior, cifra clave para el programa de reducción fiscal promovido por Trump y avalado por el Congreso.
(Con información de Europa Press)
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