Treinta personas, incluidas figuras identificadas como líderes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, enfrentan cargos formales en Estados Unidos por tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y asesinatos por encargo, así lo anunció este lunes el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).
La acusación surge tras una investigación de nueve meses iniciada en un complejo de apartamentos del área metropolitana de Denver, Colorado, escenario que la autoridad describió como afectado por un “incremento en crimen violento y actividades de drogas”, según el comunicado oficial.
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Entre los acusados se encuentran Luis Alejandro Enríquez Charaima, conocido como “Alex”, y Luis Fernando Uribe Torrealba, alias “Luissito”, ambos de nacionalidad venezolana. Estos dos individuos fueron detenidos en Colombia en el mes de julio y se encuentran actualmente esperando su extradición hacia territorio estadounidense.

El director general de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana, informó el 31 de julio que la captura de ambos responde a que “eran requeridos por la Corte Distrital de Colorado (Estados Unidos) por los delitos de tráfico de armas, conspiración, tráfico de drogas sintéticas y hurto”. En sus palabras, “los capturados, de nacionalidad venezolana, habrían ingresado a Estados Unidos en 2023, con la misión de expandir el tráfico de drogas sintéticas. Además, adquirieron un arsenal en Denver (Colorado), para venderlo en varios países latinoamericanos”.
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La información difundida por el DOJ detalla que, además de los dos venezolanos detenidos en Colombia, otros 28 individuos enfrentan cargos federales derivados de la misma investigación. Las acusaciones principales incluyen tráfico de armas, utilización de armas en operaciones de tráfico de drogas, posesión ilegal de armas y municiones por parte de extranjeros, así como la comercialización de diversas sustancias ilícitas.
Entre los estupefacientes incautados destaca la inclusión de metanfetaminas, cocaína y una droga sintética conocida como ‘Tulsi’, descrita por las autoridades estadounidenses como un narcótico de color rosado cuyo origen se encuentra en Venezuela y que contiene ketamina y éxtasis.
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Uno de los aspectos más graves del caso es que cinco de los acusados fueron señalados por conspiración para cometer homicidio bajo encargo. Como parte del operativo, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) logró el decomiso de 69 armas de fuego, incluidas pistolas automáticas que, según el comunicado, “muchas de ellas están relacionadas con tiroteos en Denver y Aurora”, así como con robos en la misma zona.
El Tren de Aragua, una organización transnacional surgida en cárceles de Venezuela, ha sido catalogada como organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia subrayó que la investigación en Denver es vista como parte de la respuesta a la expansión criminal de este grupo, que estaría operando no solo en Estados Unidos sino también en otros países de Latinoamérica.
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En la esfera política y de seguridad, el combate a las bandas criminales de origen latinoamericano se ha intensificado bajo la administración de Donald Trump, quien declaró a este grupo como organización terrorista desde los primeros días de su Administración. La designación se ha utilizado como argumento para justificar políticas migratorias más severas hacia Venezuela y la realización de operativos de gran envergadura, tanto dentro del país como en la región.
Como complemento a estas acciones judiciales y policiales, fuentes citadas por Reuters han informado sobre el despliegue de tres destructores estadounidenses —USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson— que llegarán en las próximas 36 horas a la costa de Venezuela con el objetivo de abordar amenazas derivadas de cárteles de drogas latinoamericanos.
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Según un funcionario estadounidense consultado, alrededor de 4.000 marinos e infantes de marina están involucrados en estos operativos, que además contemplan el uso de aviones de vigilancia y un submarino de ataque. Aunque se trata de operaciones distintas, esta presencia militar fue presentada como parte de la estrategia general del gobierno para enfrentar el impacto de organizaciones criminales consideradas terroristas.

Las autoridades estadounidenses insisten en que el proceso judicial continuará activa durante los próximos meses, mientras los imputados enfrentan a la justicia y las fuerzas del orden mantienen su atención en la intersección entre crimen organizado, tráfico de drogas y violencia armada, cuestiones que afectan tanto a comunidades locales como a la seguridad regional.
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(Con información de EFE)
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