EEUU afirmó que las crisis en Cuba y Venezuela son el resultado de regímenes corruptos y no de sanciones internacionales

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó este lunes que las crisis económicas y sociales que atraviesan Cuba y Venezuela no son consecuencia de factores externos, sino el resultado directo de décadas de corrupción, negligencia administrativa y estructuras de poder diseñadas para sostener gobiernos autoritarios.

“La comunidad internacional debe seguir denunciando la falta de libertad, la corrupción, el nepotismo y la mala gestión económica de estos regímenes”, indicó la dependencia estadounidense en una declaración pública, difundida a través de su cuenta oficial en X. En el mismo mensaje, se responsabiliza directamente a los dictadores Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro de provocar y perpetuar la situación de colapso en sus respectivos países.

La oficina denunció que ambos regímenes “culpan al mundo de su incompetencia y fracasos”, pero sostienen modelos económicos que “se basan en la corrupción, el robo y el caos económico”.

“Ya es hora de exigirles responsabilidades”, afirmó la dependencia.

Junto a la declaración, el Departamento de Estado compartió un artículo en el que se detallan las decisiones políticas y presupuestarias que, según Washington, agravan la precariedad en ambos países. En el caso de Cuba, se enfatiza el contraste entre el gasto en turismo de lujo y la escasez generalizada de bienes básicos. En Venezuela, se subraya el uso de los recursos estatales para sostener una estructura de represión interna y propaganda oficialista, a costa de servicios fundamentales como salud, alimentación y educación.

Según cifras citadas por la agencia EFE, en 2024 la dictadura cubano destinó más del 37% de su inversión nacional al sector turístico y hotelero, cifra que multiplica por once el gasto combinado en salud y educación. A pesar de esto, la ocupación hotelera se mantiene en torno al 30%. La mayor parte de estos recursos, indica el informe, benefician a conglomerados controlados por el ejército, como GAESA, FINCIMEX y CIMEX, que operan fuera del control civil y administran desde remesas hasta supermercados y cadenas hoteleras.

El Departamento de Estado sostiene que estos conglomerados actúan como brazos económicos del régimen, “sirviendo a la élite en el poder, no al público”. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan apagones recurrentes, escasez de combustible y una caída sostenida en la producción y disponibilidad de alimentos y medicinas. El documento subraya que “esto no son errores de políticas, sino características de un sistema diseñado para sostener el poder autoritario”.

En paralelo, la infraestructura civil se deteriora. La isla, que en el pasado se distinguió por sus exportaciones agrícolas y su sistema sanitario, hoy importa azúcar y enfrenta déficits médicos crecientes. Las inversiones públicas, en cambio, priorizan la construcción de hoteles y servicios turísticos estatales.

Venezuela: propaganda antes que servicios esenciales

En el caso venezolano, el informe se apoya en datos de Bloomberg News y TeleSUR para ilustrar una gestión financiera centrada en objetivos políticos, no sociales. En 2024, el régimen de Nicolás Maduro gastó más de 2.000 millones de dólares en un corto periodo coincidiendo con las elecciones presidenciales. Durante ese mismo lapso, el salario mínimo se mantuvo por debajo de los 2 dólares mensuales.

Del presupuesto nacional de ese año, que fue duplicado oficialmente a 20.500 millones de dólares, apenas 180 millones se destinaron al sistema de salud, lo que representa menos del 1%. En contraste, la inteligencia militar recibió cerca de 1.000 millones, mientras que el programa de alimentación escolar, destinado a cinco millones de niños, obtuvo solo 18 millones de dólares. Esto equivale a 3,49 dólares por alumno al año.

La infraestructura pública refleja esta distribución presupuestaria. Un acuerdo ferroviario con China firmado en 2009 por 7.500 millones de dólares permanece sin ejecutar, aunque las obligaciones financieras siguen vigentes y se pagan con petróleo a precios preferenciales. Al mismo tiempo, apagones masivos afectan periódicamente a gran parte del territorio nacional. Según el medio venezolano El Impulso, en 2024 al menos 20 estados quedaron sin electricidad durante más de 12 horas tras una falla general en el sistema eléctrico.

El Departamento de Estado subraya que los problemas económicos en ambos países son “autóctonos” y no producto de sanciones internacionales, como sostienen las dictaduras de La Habana y Caracas. El informe sostiene que tanto en Cuba como en Venezuela las decisiones económicas no responden a necesidades sociales, sino a la lógica de preservar el control político.

“Estos no son fracasos accidentales, son síntomas de un diseño estructural”, indica el documento. Añade que la economía cubana está controlada por empresas militares que actúan como corporaciones privadas, mientras que en Venezuela el gasto estatal sostiene elecciones cuestionadas, operaciones de contrainteligencia y propaganda oficial.

Ambos regímenes, continúa el informe, canalizan los ingresos del Estado hacia sectores que aseguren la lealtad de sus respectivas élites, mientras posponen o ignoran la atención de servicios básicos. El resultado, según Estados Unidos, es un empobrecimiento progresivo de la población y una creciente dependencia de mecanismos de control político y económico.

Llamado a la acción internacional

“La comunidad internacional debe amplificar las voces del pueblo cubano y venezolano que reclaman acceso a la atención sanitaria, la electricidad, el combustible, los artículos de higiene básica, los medicamentos y los alimentos que faltan en los estantes”, reclamó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en su declaración.

El informe insta a los gobiernos y organismos multilaterales a no aceptar las justificaciones de los regímenes de La Habana y Caracas sobre sanciones externas, y a centrarse en la responsabilidad estructural de sus dirigencias. También subraya la importancia de reforzar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

“La resiliencia de los pueblos cubano y venezolano no debe ocultar que ningún esfuerzo individual puede compensar modelos de gobierno que priorizan el control y el beneficio de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría”, concluye el informe.