La Cámara de Representantes de Estados Unidos se prepara para debatir el plan fiscal y migratorio de Trump con modificaciones del Senado

La Cámara de Representantes de EEUU se prepara para someter a votación el proyecto de ley fiscal y migratorio del presidente Donald Trump, conocido como “One Big Beautiful Bill Act”, tras su aprobación por parte del Senado en una ajustada sesión este martes, cuando la medida avanzó solamente después de que el vicepresidente JD Vance emitiera el voto de desempate.

El Comité de Reglas de la Cámara tomó rápidamente la iniciativa el martes por la tarde con el objetivo de que la normativa pueda ser debatida en el pleno tan pronto como la mañana del miércoles. Sin embargo, el avance definitivo del texto depende de la capacidad del liderazgo republicano para sumar apoyos entre los propios legisladores del Partido Republicano, especialmente aquellos críticos con los ajustes introducidos por el Senado respecto al proyecto que la Cámara aprobó en mayo.

El texto aprobado por el Senado contempla recortes más profundos al programa sanitario Medicaid, lo que genera resistencia entre congresistas moderados, mientras que el incremento en el costo global de la ley inquieta al ala más conservadora del partido. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) calcula que el proyecto senatorial aumentaría los déficits federales en 3,3 billones de dólares en la próxima década.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson (republicano por Luisiana), señaló ante la prensa que “aún queda trabajo por hacer, pero se va a lograr”, insistiendo en el compromiso de alcanzar un acuerdo antes del 4 de julio. El líder de la mayoría republicana, Tom Emmer (Minnesota), confirmó que la cámara baja votará la versión exacta aprobada por el Senado. De existir nuevas modificaciones, el texto regresaría al Senado, lo que podría dilatar la promulgación final.

Donald Trump ha advertido que respaldará desafíos en primarias contra los congresistas republicanos que voten en contra de la iniciativa. En este escenario, la presión interna es notable.

El congresista por Texas Chip Roy, miembro crítico del Comité de Reglas, manifestó su oposición a la versión del Senado pese a haber apoyado el texto previo de la Cámara, y dudó que el plazo fijado para el viernes pueda cumplirse debido a las recientes negociaciones. También Ralph Norman (Carolina del Sur) se expresó en contra: “Lo que hizo el Senado es inconcebible. Votaré en contra tanto en el comité como en el pleno”, afirmó en la sesión del Comité de Reglas. Otros representantes, como Andy Ogles (Tennessee) y Andy Biggs (Arizona), calificaron negativamente el proyecto del Senado y cuestionaron la viabilidad de su aprobación sin cambios adicionales.

Las modificaciones del Senado impactan especialmente en el financiamiento de Medicaid, con restricciones más severas para los fondos que los estados pueden recibir y un traslado de responsabilidades administrativas del gobierno federal a los estados. Paralelamente, algunos miembros del ala ultraconservadora —incluido el House Freedom Caucus— rechazan el aumento del déficit derivado de la propuesta actual. Keith Self (Texas) declaró que el Senado “no está escuchando” el pedido de no aumentar el gasto deficitario.

La preocupación también se extiende a representantes de estados como Nueva York y California, donde reclaman mejoras en el tope de la deducción fiscal estatal y local (SALT), que permite a los contribuyentes deducir ciertas cargas fiscales estatales y locales. Se negocia elevar el límite de esa deducción de 10.000 a 40.000 dólares durante cinco años, con incrementos anuales y el retorno posterior al valor original, aunque aún no hay consenso suficiente para asegurar los votos necesarios.

El proceso legislativo enfrenta así una serie de obstáculos internos en la Cámara, donde la mayoría republicana sólo puede permitirse perder tres votos si todos los representantes están presentes para aprobar la medida y enviarla al despacho presidencial. De no prosperar sin cambios, la legislación volvería al Senado o las cámaras podrían convocar un comité de conferencia para resolver las diferencias, lo que pondría en riesgo el calendario planteado por la dirigencia republicana.