El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó cortar los fondos federales a organizaciones no gubernamentales implicadas en disturbios, independientemente del resultado de la tramitación en el Congreso de una resolución impulsada sobre este tema.
“La ley del congresista Kevin Kiley ‘NO A LOS IMPUESTOS PARA DISTURBIOS’ debe aprobarse de inmediato. Por la presente, instruyo a mi Administración a no pagar nada a estos grupos radicalizados, independientemente de dicha legislación", expresó en su red Truth Social.
El líder republicano sostuvo que esos grupos, sin citarlos, utilizan estos fondos para “incitar disturbios, incendiar o destruir una ciudad” y luego solicitan más fondos “para ayudar a reconstruirla”. “¡¡¡NO MÁS DINERO!!!”, concluyó.
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Kevin Kiley, representante de California, incluyó en su propuesta las protestas recientes en Los Ángeles contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El legislador busca impedir que ONG involucradas en la organización de “disturbios ilegales” reciban financiación federal o exención de impuestos, además de aumentar las penas por agredir a agentes federales y obstaculizar las operaciones de inmigración y aplicación de la ley.
La pena por agresión simple a un agente es de un año de prisión, sin una sanción económica específica.
En su texto, Kiley señaló expresamente a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
“Tras los disturbios de Los Ángeles se ha revelado que la organización sin ánimo de lucro CHIRLA recibió 34 millones de dólares en fondos estatales. El grupo, que anteriormente hizo campaña para la abolición del ICE, desempeñó un papel fundamental en los disturbios al transmitir la ubicación exacta de las operaciones del ICE en tiempo real“, declaró.
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Un portavoz de CHIRLA negó cualquier implicación en esas manifestaciones.
CHIRLA está bajo investigación del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, organismo actualmente controlado, al igual que el Senado, por los republicanos.
Estas investigaciones buscan determinar si CHIRLA utilizó subvenciones otorgadas durante la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) para fomentar disturbios recientes en Los Ángeles.
La Corte Suprema limitó la facultad de los jueces federales para bloquear las decisiones de Trump
La nueva directiva de Trump se produce un día después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos limitara la facultad de los jueces federales para bloquear sus decisiones.
“¡VICTORIA GIGANTESCA en la Corte Suprema de Estados Unidos! Incluso el fraude de la ciudadanía por derecho de nacimiento se ha visto, indirectamente, duramente afectado”, declaró Trump en su plataforma Truth Social este viernes.
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Luego, en diálogo con periodistas, elogió la “brillante” decisión del máximo tribunal y se comprometió a impulsar “muchas” políticas más.
“Gracias a esta decisión, ahora podemos solicitar con prontitud la aprobación de estas numerosas políticas y de aquellas que han sido prohibidas indebidamente a nivel nacional... Tenemos muchísimas”, declaró a la prensa.
La Corte Suprema otorgó a Trump una importante victoria al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales. Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
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En realidad, el máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no. “Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.
“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal.
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Las tres juezas liberales discreparon.
El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.
El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.
El 20 de enero, día de su investidura, Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.
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Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional.
Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias. Ante esta situación, su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.
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