Cancelan las cámaras Flock en 56 ciudades de Estados Unidos, pero una red más invasiva ocupó su lugar

Diversas administraciones municipales en Estados Unidos que cancelaron sus contratos de videovigilancia con la empresa Flock Safety descubrieron que el monitoreo de sus calles no se detuvo. Aunque los gobiernos locales cedieron ante las demandas de privacidad y dieron por terminados los acuerdos, el rastreo de vehículos continúa operando sin interrupción en múltiples vecindarios del país.

Esta continuidad responde a una rápida sustitución de proveedores por firmas rivales de la industria policial y al abandono físico de la infraestructura en el espacio público. Según reportes e investigaciones publicadas por The Guardian, residentes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y expertos en gobernanza de datos advierten que el cambio de marca no resuelve la recolección masiva de información ciudadana.

¿Qué son las cámaras Flock y por qué generan polémica?

Flock Safety opera más de 120.000 cámaras automatizadas de reconocimiento de matrículas (ALPR) en calles de Estados Unidos. Registran placas de vehículos miles de millones de veces al mes. a

Aunque las fuerzas de seguridad destacan su utilidad para rastrear autos robados y resolver delitos, activistas y defensores de derechos civiles denuncian la creación de una red de vigilancia sin orden judicial. Este sistema recopila hábitos de ciudadanos sin historial criminal y expone la información a usos indebidos o a transferencias a agencias de inmigración.

El fenómeno de la sustitución de proveedores: por qué el cambio empeora el panorama

De acuerdo con datos de la organización de derechos civiles DeFlock, al menos 56 municipios en todo el país dieron de baja a la empresa. Sin embargo, el problema lejos de resolverse empeoró: diversos ayuntamientos contrataron de inmediato a Axon, un gigante tecnológico de la seguridad valorado en USD 48.000 millones.

Esta transición representa una amenaza mayor para la privacidad porque el ecosistema de Axon integra Fusus, una plataforma equipada con inteligencia artificial capaz de unificar en un solo mapa de monitoreo interactivo las cámaras de la policía, los comercios y los vecinos. Así, la vigilancia deja de ser un simple registro de placas para convertirse en un seguimiento masivo en tiempo real.

Esta sustitución inmediata ya se evidencia en las siguientes ciudades:

• Longmont (Colorado): canceló el contrato con Flock tras intensas protestas ciudadanas, pero el concejo votó rápidamente la incorporación de radares Axon.
• Denver (Colorado): reemplazó la red completa de lectores Flock por dispositivos Axon para mantener activo el patrullaje visual.
• Syracuse (Nueva York): dejó vencer el contrato con Flock y migró hacia la tecnología de Axon a la espera de la firma definitiva.

La prisa de estas empresas por ocupar el espacio público evidencia una estrategia agresiva. En declaraciones recogidas por The Guardian, Chad Marlow, asesor senior de políticas de la ACLU, advirtió que las firmas rivales han estado “acechando en las sombras, esperando que Flock falle para apresurarse a entrar”. De este modo, la salida de un proveedor no frenó el espionaje vial, sino que le abrió la puerta a una tecnología con IA más potente, centralizada e invasiva.

Dificultades para retirar las cámaras y nuevas estrategias ciudadanas

La cancelación contractual tampoco garantiza la remoción física del equipo. Ante la inacción de Flock para retirar su infraestructura en ciudades como Oshkosh (Wisconsin), Dayton (Ohio) o Evanston (Illinois), el personal municipal y los vecinos optaron por cubrir los lentes con bolsas de basura para inutilizarlos.

Paralelamente, establecimientos comerciales privados mantienen cámaras Flock enfocadas hacia la vía pública fuera del control de los municipios. Frente a esto, grupos de activistas locales han solicitado a las autoridades normativas que prohíban totalmente los lectores ALPR o que obliguen a las empresas a orientar sus lentes fuera de la vía pública.

El debate sobre la privacidad y la transparencia en la gestión de datos

El problema central trasciende a la marca elegida y apunta a la retención de datos. Mientras Denver redujo el almacenamiento a 21 días y la legislación estatal de New Hampshire fija un límite estricto de 3 minutos, Daniel Schwarz, de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), enfatiza que guardar información durante períodos prolongados permite mapear rutinas y patrones de movimiento sin supervisión judicial

Actualmente existen propuestas en el Congreso estadounidense para regular la tecnología ALPR a nivel federal. A escala local, más de dos docenas de municipios en California y Massachusetts impulsan juntas ciudadanas de supervisión para auditar las compras de tecnología de vigilancia y exigir transparencia en la propiedad y encriptación de la información.

Como concluyen analistas y defensores de derechos civiles citados por The Guardian, la protección real de la privacidad exigirá leyes estrictas de gobernanza de datos y un control comunitario permanente sobre el uso de la tecnología policial.