La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó el martes que la administración del presidente Donald Trump implemente una política que restringe la presencia de personas transgénero en las fuerzas armadas, mientras los desafíos legales siguen su curso. La decisión permite que la medida, bloqueada anteriormente por tribunales inferiores, entre en vigor de manera temporal mientras se resuelven los litigios pendientes.
La política en cuestión descalifica presumiblemente a las personas transgénero para el servicio militar. Los tres jueces liberales del tribunal —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— se opusieron a levantar la suspensión previa, aunque el fallo mayoritario no explicó sus fundamentos, como suele ocurrir en solicitudes de emergencia, reportó The Washington Post.
Poco después de comenzar su segundo mandato en enero, Trump firmó una orden ejecutiva que indicaba que la identidad de género transgénero “es conflictiva con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado” y podría afectar la preparación militar. La Secretaría de Defensa, bajo las directrices del entonces secretario Pete Hegseth, otorgó 30 días a las ramas militares para identificar a los efectivos transgénero y proceder a su separación del servicio.
Bloqueos judiciales iniciales y apelaciones
Tres jueces federales habían fallado previamente en contra de la prohibición, incluyendo al juez Benjamin Settle en Tacoma, Washington. Settle, nombrado por el presidente George W. Bush, dictaminó que despedir a militares transgénero causaría un daño duradero a sus carreras y reputaciones. También destacó la ausencia de pruebas que demostraran que la presencia de personas transgénero perjudicara la cohesión o la preparación militar, informó The New York Times.
En una demanda destacada, la comandante Emily Shilling, aviadora naval con 19 años de servicio y más de 60 misiones de combate, fue citada como ejemplo. Según el fallo de Settle, no existían evidencias de que su identidad de género hubiera afectado negativamente a su unidad o al rendimiento militar general. El tribunal impuso una suspensión nacional a la política, que luego fue confirmada por una corte de apelaciones.
La administración Trump apeló estas decisiones. El Departamento de Justicia argumentó ante la Corte Suprema que el servicio de personas con disforia de género podría menoscabar la efectividad y la letalidad militar. Según el procurador general D. John Sauer, se trataba de una determinación racional y coherente con políticas médicas previas que descalificaban a individuos con diversas condiciones de salud.
Demandas y reacciones de los afectados
Grupos defensores de los derechos LGBTQ+ y militares transgénero presentaron múltiples demandas. Siete miembros activos y un solicitante, junto con organizaciones de derechos civiles, alegaron que la política era discriminatoria, ponía en riesgo la seguridad nacional y desperdiciaba años de entrenamiento militar. “Miles de personas transgénero han servido con dedicación, honor y distinción”, afirmaron los demandantes en su escrito ante el tribunal.
El Pentágono, siguiendo las órdenes ejecutivas, elaboró una nueva política en febrero que exigía a cada rama militar identificar a los efectivos con disforia de género en un plazo de 30 días y comenzar su retiro del servicio. Se contemplaban excepciones limitadas para aquellos directamente involucrados en capacidades de combate. Los que obtuvieran una dispensa enfrentarían restricciones adicionales, como limitaciones en el uso de instalaciones y la obligación de cumplir con los estándares físicos correspondientes a su sexo asignado al nacer.
Aunque la Corte Suprema levantó las suspensiones previas, los litigios sobre la constitucionalidad de la política continúan en tribunales inferiores. El caso principal ha regresado a la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, donde la administración busca revertir el fallo del juez Settle. En paralelo, otros tribunales federales, incluido uno en Washington D. C., analizan demandas similares.
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