Exteriores confirma que solo 901 de las 163.355 personas consiguen certificar su condición de descendiente exiliado para la ‘ley de nietos’

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España ha confirmado que tan solo 901 personas nacionalizadas a través de la ley de nietos han acreditado su condición de descendientes de exiliados y “certificada por los cónsules”, según confirma EFE. La cifra surge tras la revisión de 163.355 expedientes en cumplimiento de la instrucción del Tribunal Supremo.

Esta noticia llega después de que los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia hayan entregado las listas con las identidades de todos los nacionalizados a través de esta normativa, cuyo derecho al voto en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre se encuentra cautelarmente suspendido. Recordemos que los ministros Félix Bolaños y José Manuel Albares tenían hasta esta tarde a las 15:00 para entregar todos los nombres para poder aplicar la suspensión cautelar del voto en el censo. El Supremo acompañó este requerimiento de un apercibimiento explícito, advirtiendo de que el incumplimiento podía acarrear multas coercitivas de 1.000 euros o la apertura de diligencias por responsabilidad penal.

Menos del 0,06% del electorado en los comicios de 2023

La revisión de las solicitudes ha sido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha autorizado la contratación de asistencias técnicas para completar la labor consular dentro de los plazos establecidos. Los trabajos en las oficinas diplomáticas comenzaron tras un primer telegrama enviado desde el Ministerio de Justicia el pasado 15 de septiembre, coincidiendo con la notificación del auto del Tribunal Supremo que acordó la suspensión cautelar del voto exterior. Tras analizar minuciosamente el conjunto de los 163.355 expedientes tramitados, únicamente 901 personas han logrado validar documentalmente ante los consulados la acreditación de descendientes directos de exiliados políticos o ideológicos.

El origen de la causa se encuentra en los recursos presentados por Vox e Iustitia Europa contra la instrucción que otorgaba la presunción de exilio entre 1936 y 1955 sin prueba documental individual. El listado remitido eleva la cifra inicial de 163.020 votantes a un total de 163.355 inscritos. Como paso previo, el Ministerio de Justicia ya había aportado a la Oficina del Censo Electoral una primera nómina de 76.600 personas registradas en el sistema digital DICIREG. Dada la presencia de datos de carácter sensible, la Abogacía del Estado ha solicitado a los magistrados que declaren la información como reservada con el objetivo de resguardar la privacidad de los ciudadanos y evitar un uso indebido de los padrones por parte de las acusaciones.

Desde el punto de vista del proceso electoral, el Gobierno estima que la incidencia real en los comicios será muy inferior al volumen total de la lista, al figurar en ella menores de edad y personas fallecidas. Así, de acuerdo con las pautas de participación del censo exterior, la repercusión efectiva se limitaría a menos de 14.000 votos distribuidos en 52 circunscripciones, lo que representa menos del 0,06% del electorado en los comicios de 2023. Asimismo, la suspensión decretada afecta únicamente al Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA). Aunque Iustitia Europa ha pedido ampliar la medida al Censo de Electores Residentes en España (CER), los nacionalizados que viven en el país mantienen intactos sus derechos electorales.

Con la fecha límite de las elecciones generales fijada para el 29 de noviembre, el procedimiento judicial se encuentra a la espera de las siguientes determinaciones del alto tribunal con los listados ya en su poder. Desde el Ejecutivo se subraya que los criterios y procedimientos aplicados son idénticos a los implantados con la Ley de Memoria Histórica de 2007. La resolución definitiva del Tribunal Supremo determinará si este colectivo de ciudadanos podrá ejercer finalmente su derecho al sufragio.