El Ayuntamiento de Barcelona ha informado este martes del recibo de un requerimiento de la embajada de Estados Unidos en Madrid en el que se le ha pedido que aplique la orden ejecutiva 14173 emitida por la Administración del presidente norteamericano. Esta orden consiste en una ley federal por la que el Gobierno exige que ninguna cantidad destinada a iniciativas o programas fomentados por ellos promueva cuestiones como la inclusión, la equidad o la diversidad.
Dicho requerimiento afecta directamente a una biblioteca municipal de la ciudad condal: la Ignasi Iglésias-Can Fabra del barrio de Sant Andreu, donde se lleva a cabo el programa American Space Barcelona -iniciado por la Administración Trump en su primera legislatura-, donde se promueve el intercambio cultural entre la ciudad y Estados Unidos. En el texto de la embajada, se hacía referencia a esa ley que busca “terminar con la discriminación ilegal y restaurar las oportunidades basadas en el mérito”, algo que implica directamente a una iniciativa que ofrece desde talleres de videojuegos e impresión 3D hasta cursos de idiomas para todos los niveles.
Sin embargo, tal y como han adelantado medios como El Periódico o El País, el Ayuntamiento no está dispuesto a aceptar estas exigencias de la Administración estadounidense, que ni tan solo considera vigentes fuera de las fronteras del país norteamericano. Aun a riesgo de perder la financiación para el proyecto, nacido con el fin de fortalecer el vínculo entre ambos países e impulsar a jóvenes estudiantes, consideran que este tipo de políticas contravendrían los valores de la ciudad y sus regidores.
En qué consiste la orden 14173
La ley federal a la que se remite la embajada no es otra que la Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Oportunity. Firmada en enero de este año, prohíbe a organizaciones privadas que lleven a cabo programas DEI: Diversidad, Equidad e Inclusión -algunos son DEIA si incluyen la “Accesibilidad” para personas con discapacidad-, una medida civil que se extiende también a organizaciones sin ánimo de lucro, asociaciones profesionales y hasta universidades que reciban una dotación por encima de los 1.000 millones de dólares.
Los programas DEI son iniciativas que buscan reducir las brechas de género y las discriminaciones por motivos de raza, etnia, religión o cualquier otro motivo. Trump, nada más llegar al poder, los definió como “discriminatorios, ilegales e inmorales”, además de “un inmenso despilfarro público”. Su decisión de recortar los fondos federales ha generado una gran polémica en su país, ya que se considera que podría forzar a muchas instituciones educativas a dificultar la admisión de alumnos en riesgo de exclusión social y económica.
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