
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado una sentencia que condenó a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a indemnizar con 15.000 euros a una trabajadora por impedirle acudir a su puesto acompañada de un animal de compañía al que atribuía una función de apoyo emocional, al considerar que no existió una conducta omisiva de la institución que generara un riesgo grave para su salud, ha informado la universidad en un comunicado.
La Sala de lo Social estima el recurso de suplicación interpuesto por la Universidad contra la resolución del Juzgado de lo Social número 17 de Madrid, que había apreciado un incumplimiento de las obligaciones de prevención de riesgos laborales en su vertiente psicosocial y una vulneración del derecho fundamental a la integridad psíquica de la empleada.
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En consecuencia, el tribunal revoca íntegramente la sentencia de primera instancia y absuelve a la Complutense de todas las pretensiones formuladas en su contra, dejando sin efecto tanto la indemnización de 15.000 euros por daños morales como la obligación de realizar una evaluación de riesgos psicosociales sobre la posibilidad de que los trabajadores acudieran con animales de compañía a sus puestos de trabajo.
La resolución, de 5 de noviembre, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Social en el recurso 194/2026, recuerda que "un incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales no implica automáticamente una vulneración del derecho fundamental a la integridad psíquica recogido en el artículo 15 de la Constitución".
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Para apreciar dicha vulneración, explica la Sala, debe existir una conducta omisiva empresarial que genere un riesgo grave y cierto para la salud del trabajador o que haya provocado la materialización del daño. En este caso, los magistrados concluyen que no quedó acreditada una actuación de la Universidad que ocasionara un riesgo grave para la salud de la empleada.
Asimismo, el tribunal precisa que las evaluaciones de riesgos psicosociales están dirigidas a analizar las condiciones de trabajo y su organización desde una perspectiva colectiva, y no a valorar la situación de salud individual de una persona.
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Por este motivo, considera que no procedía imponer, dentro de un procedimiento individual de tutela de derechos fundamentales, una evaluación general sobre la posibilidad de que el personal de la Universidad acudiera acompañado de animales de compañía a sus puestos de trabajo.
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