
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha confirmado el despido disciplinario de una trabajadora de ayuda a domicilio que faltó seis días a los servicios que tenía asignados en febrero de 2025. La Sala ha rechazado su petición de extinguir el contrato con indemnización y ha concluido que la empresa demostró que le llamó para trabajar y decidió no acudir al puesto sin justificación.
La empleada prestaba servicios para desde el 1 de diciembre de 2023, dentro del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Reinosa, en Cantabria. Su relación laboral era indefinida a tiempo parcial y sus horas dependían de las sustituciones de otros empleados o de cambios en la atención de los usuarios.
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La trabajadora afirmó que la empresa le abonó una nómina de alrededor de 12 euros por el mes de diciembre del año anterior y, en enero de 2025, no le dio trabajo. La empresa, por su parte, afirmó que no la llamó porque ese mes no había bajas ni más horas de atención que cubrir. Por eso, la trabajadora solicitó un despido acordado con la compañía para que pudiese recibir una indemnización. Cuatro días antes, la compañía le remitió un mensaje de WhatsApp con el horario y la hoja de servicios del mes.
La petición no llegó a ser resuelta, pero la trabajadora decidió no acudir a los domicilios los días 7, 10, 11, 12, 13 y 14 de febrero. La sentencia ha atribuido a esas seis ausencias la gravedad suficiente para sostener la máxima sanción laboral. La empresa le envió un pliego de cargos el 17 de febrero mediante SMS certificado y comunicó el despido disciplinario diez días después. La empleada cuestionó que hubiera recibido de forma efectiva esas comunicaciones y el cuadrante de trabajo, pero la Sala dio valor a la documentación aportada por la empresa.
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La solicitud de extinción del contrato no suspende sus obligaciones
Los magistrados señalaron que la solicitud de extinción contractual no suspendía las obligaciones de la trabajadora. Hasta una eventual sentencia favorable, la cuidadora debía atender los requerimientos de la empresa, salvo que existiera una circunstancia excepcional que hiciera imposible mantener la prestación de servicios. El tribunal no ha apreciado una situación de ese tipo ni una represalia por la papeleta de conciliación.
La sentencia ha confirmado íntegramente la resolución de primera instancia. Contra ella cabe recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, dentro de los 10 días hábiles posteriores a su notificación.
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