La Comunitat Palestina de Catalunya ha presentado ante la Audiencia Nacional (AN) una querella contra responsables de CAF y de seis empresas vinculadas al Tren Ligero de Jerusalén, una infraestructura "conectada e indispensable para los asentamientos israelíes en Territorio Palestino Ocupado".
Según ha informado la Comunitat Palestina de Catalunya, la acción solicita que se investigue su posible responsabilidad penal por su participación en el proyecto desde 2019 consistente en la construcción, ampliación y mantenimiento del Tren Ligero de Jerusalén.
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Las organizaciones impulsoras ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos el pasado 18 de febrero de 2026. Nueve meses después, "ante la falta de avances", dan el paso a la Audiencia Nacional.
La acción judicial llega cuando han transcurrido nueve meses desde la denuncia presentada ante la Fiscalía y seis meses después de que el Ministerio Público acordara admitirla a trámite e investigar los hechos, sin que haya habido una respuesta en los seis meses de que disponía la Fiscalía para acudir a la Audiencia Nacional tras evaluar el contenido de la misma.
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La denuncia solicitaba investigar al Consejo de Administración de CAF y a los directivos de seis empresas relacionadas - cuatro filiales CAF TURNKEY & ENGINEERING, CAF SIGNALLING S.L., CAF ISRAEL LTD., CAF INVESTMENT PROJECTS S.A. y dos joint ventures: LAVI LIGHT RAIL - OPERATION AND MAINTENANCE LTD y CFIR LIGHT RAIL LTD.
En mayo, la Fiscalía incorporó la denuncia contra CAF a las diligencias de investigación sobre las violaciones del derecho internacional en Gaza. La Fiscalía había anunciado que abría estas diligencias de investigación el pasado 18 de septiembre de 2025, destinadas a recabar y preservar pruebas para cooperar con la Corte Penal Internacional.
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Las organizaciones denunciantes ya subrayaron hace unas semanas que los hechos denunciados contra CAF se refieren a su actividad en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, y no en la Franja de Gaza; así como que los hechos denunciados no eran objeto de investigación por la Corte Penal Internacional.
"Leemos esta decisión de la Fiscalía como una forma de no investigar nuestra denuncia", afirmaron las organizaciones impulsoras de la querella.
La querella se sustenta en la misma base jurídica que la denuncia presentada ante la Fiscalía, pero esta vez interpuesta ante la Audiencia Nacional. Con la presentación de la querella, las entidades reclaman una investigación judicial que esclarezca los hechos y determine las posibles responsabilidades penales de los titulares de las empresas que participan en ellos y los facilitan.
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La querella solicita investigar posibles delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, previstos en los artículos 611.5.o, 611.6.o y 614 del Código Penal.
El escrito vincula estos preceptos con la posible contribución de los querellados "al traslado y asentamiento de población de la potencia ocupante en territorio ocupado, al mantenimiento de prácticas discriminatorias e inhumanas y a vulneraciones del derecho internacional humanitario y de las obligaciones impuestas por las Convenciones de Ginebra".
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