
El PSOE ha entregado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' la relación de abogados contratados por el partido entre 2021 y 2025, así como facturas de los encargos, a la vez que ha reclamado que los datos tengan "tratamiento reservado" y no se faciliten, de momento, a las partes personadas.
Como respuesta, el juez ha incluido la documentación entregado en "un 'pendrive' y tres cajas" a una pieza "con acceso reservado únicamente al Ministerio Fiscal en tanto no se finalice su análisis", de acuerdo a una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
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A través de un escrito, los socialistas responden al requerimiento reiterado del magistrado instructor "en aras a la absoluta colaboración con la justicia y el esclarecimiento de los hechos".
Señalan que aportan relación en formato 'Excel' de los profesionales y despachos contratados esos años "por los distintos órganos del partido, que recoge, para cada encargo, el territorio o federación contratante, el despacho o profesional, documentos aportados, la cuantía y una descripción genérica de la categoría del servicio prestado".
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También trasladan facturas correspondientes a esos servicios, en las que "constan los importes, fechas, datos fiscales y conceptos tal y como fueron emitidos".
"De este modo, facilitamos la información identificativa y económica que permite verificar la realidad, el volumen y el destino del gasto en servicios jurídicos del PSOE, desembolsos que, por otra parte debemos precisar, han sido sometidos a auditoría y están depositados en el Tribunal de Cuentas", indican en el escrito al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.
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Con todo, la formación precisa que no aportan las facturas, ni están incluidos en el listado, los servicios correspondientes a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo --investigados en la causa--, dado que "ya constan en las actuaciones".
RESERVA "ESPECIALMENTE" POR LA CAMPAÑA ELECTORAL
El PSOE explica que todas las facturas entregadas han sido emitidas en los distintos territorios y sufragadas por el partido, "atendiendo las mismas a las distintas necesidades de asesoramiento jurídico de órganos del partido de distinto ámbito territorial, así como a la intervención en procedimientos judiciales que vengan motivados o impliquen algún tipo de acción política".
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Y transmite a Pedraz que si después de analizar la documentación aportada, considera necesario conocer más datos de algún encargo concreto, pedirá permiso a los profesionales y personas afectadas dará "inmediato traslado" al juez de su resultado.
En este contexto, el partido subraya que la documentación que entrega "no es inocua, especialmente a través de información contenida en las facturas", al contener "datos identificativos y económicos que integran el contenido esencial de la intimidad personal", por lo que reclama que "se le dispense un tratamiento reservado"
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"Especialmente, por el momento en el que nos encontramos, ya que el partido se encuentra inmerso en un proceso electoral, en el que la difusión fragmentada o descontextualizada de esta información puede causar un perjuicio que una rectificación posterior no repara", agrega.
Por ello, pide a Pedraz que forme pieza separada y reservada para la custodia de la documentación aportada, y limite su acceso al tribunal, no dando traslado de esa documentación, ni acceso a la misma, a las partes personadas hasta que, mediante resolución motivada y previa audiencia de los afectados cuando proceda, se valore su relevancia y necesidad para la investigación".
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La formación socialista pidió más margen para reunir la documentación requerida por Pedraz, alegando que había consultado al Consejo General de la Abogacía Española para que se pronunciara sobre si esa información afectaba de alguna manera al secreto profesional.
El juez acordó esta diligencia en el marco del caso en la que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar del presidente del Gobierno, que habría sido dirigida por el exdirigente del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.
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