El magistrado de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Juan José Cortés, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea Papaseit, por la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. El juez considera que, tras las diligencias practicadas, no existen indicios racionales que permitan atribuirle la participación en los hechos denunciados.
En un auto dictado este miércoles, el instructor analiza las acusaciones relacionadas tanto con el supuesto uso irregular de fondos públicos como con la contratación de servicios de asesoramiento jurídico con la empresa Servicios Tributarios Administración Local SL (STAL).
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En relación con los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, el magistrado señala que no se ha encontrado documentación que permita sostener que la regidora utilizara su posición institucional para obtener un beneficio económico propio o para terceros, o que hiciera un uso desviado del patrimonio municipal.
En concreto, el auto recoge que "no existe un solo documento, correo electrónico, mensajes de WhatsApp u otras aplicaciones que dejen registro de la conversación, extractos bancarios o documentación financiera" que permita siquiera pensar que la alcaldesa hubiera empleado su autoridad para conseguir una participación lucrativa o beneficiarse del patrimonio público.
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EL CONTRATO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO
Respecto al posible delito de prevaricación administrativa, la investigación se centraba en la firma de un contrato de asesoramiento jurídico con la empresa STAL, que fue declarado nulo por el Consejo Consultivo de Aragón el 19 de febrero de 2026.
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No obstante, el juez considera que esa declaración de nulidad no permite concluir que la alcaldesa actuara con conocimiento de que estaba cometiendo una ilegalidad cuando suscribió el contrato. Así, sostiene que, a partir del resultado de las diligencias instructoras, no puede entenderse que existan indicios racionales de que la investigada supiera que estaba realizando un acto contrario al ordenamiento jurídico.
El auto recoge que "no puedo entender que concurran indicios racionales que me lleven a pensar que la investigada, al tiempo de la firma del contrato de 7 de noviembre de 2026, entendiera que estaba realizando un acto ilegal y contrario al ordenamiento jurídico".
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La resolución también se pronuncia sobre la situación del asesor tributario del Ayuntamiento de Mosqueruela, Ignacio S. P., investigado como presunto autor de un delito de tráfico de influencias. Sobre él, el magistrado afirma que no existen indicios de que influyera en la alcaldesa para conseguir un beneficio económico.
En este sentido, el instructor apunta que la relación comercial del asesor con el municipio se limitaba a la prestación de servicios en el ámbito de la implantación de energías renovables, concretamente aerogeneradores.
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SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL
A partir de estos razonamientos, el magistrado ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto a la causa investigada. La resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de reforma y/o recurso de apelación.
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