Al banquillo un militar que se hizo pasar por bróker para estafar a sus compañeros y financiar su ludopatía

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Un militar destinado en la base de Colmenar Viejo se ha sentado en el banquillo de los acusados por presuntamente estafar 162.610 euros a varios compañeros de trabajo a los que convenció para que le entregaran sus ahorros con la promesa de obtener importantes beneficios mediante inversiones en bolsa.

El juicio ha arrancado este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid con la declaración de varios de los perjudicados, quienes han señalado que no se les informó de los productos financieros en los que invirtieron su capital. El dinero invertido oscilaba entre los 10.000 euros y los 45.000.

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El acusado se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de estafa. La acusación particular eleva a cinco años de prisión la solicitud de cárcel.

"Nos comentó que las inversiones eran muy seguras y garantizaba devolver lo perdido con el dinero que él había ganado", ha detallado una de las víctimas, quien ha señalado que el acusado en ningún momento les dijo que eran productos financieros con riesgo. Transcurridos los meses, le pidió sin éxito que le devolviera el capital invertido.

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Los perjudicados han explicado que desconocían la situación real de los mercados bursátiles en 2018, un ejercicio especialmente complicado para la Bolsa debido, entre otros factores, a la incertidumbre generada por la política arancelaria del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En este sentido, han señalado que confiaban en las garantías que les ofrecía el acusado y que nunca fueron conscientes del riesgo que asumían al entregar sus ahorros, ya que este les presentaba las inversiones como operaciones seguras y con una rentabilidad asegurada.

Según el escrito de acusación, el procesado, José Luis B. H., se hizo pasar durante 2018 por un reputado bróker que conseguía suculentos rendimientos económicos en los mercados bursátiles, pese a que carecía de autorización para operar y era únicamente un aficionado al trading que acumulaba pérdidas en sus propias cuentas de inversión desde, al menos, 2017.

El acusado habría aprovechado la confianza de sus compañeros para ofrecerse a gestionar su capital a través de contratos de préstamo participativo en inversión bursátil. A cambio, se comprometía a abonar una rentabilidad mensual variable que nunca sería inferior al 3% del dinero entregado y garantizaba la devolución íntegra del capital incluso en caso de pérdidas derivadas de las fluctuaciones del mercado.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que el militar se apropió de los 162.610 euros recibidos y los destinó a fines particulares. De esa cantidad, 30.610 euros ni siquiera llegaron a invertirse, mientras que otros 77.095,99 euros fueron retirados de la cuenta de inversión mediante reintegros en efectivo o transferencias a otras cuentas privadas.

Los 54.904,01 euros restantes sí fueron invertidos en bolsa, aunque el acusado los habría utilizado tanto para compensar sus propias pérdidas como para satisfacer su ludopatía. Según el Ministerio Público, realizaba operaciones erráticas y de elevado riesgo, sin una estrategia concreta y ocultando a los afectados tanto la operativa como la evolución real de sus inversiones.

Para mantener la apariencia de solvencia y ganarse la confianza de sus compañeros, durante los primeros meses llegó a abonar parte de los rendimientos prometidos. Así, pagó 5.700 euros a uno de los perjudicados, 14.400 euros a otra afectada, 3.200 euros a dos hermanos y 5.500 euros a un padre y su hija, antes de dejar de cumplir sus compromisos.

Entre los afectados figuran siete grupos de compañeros y familiares que entregaron cantidades comprendidas entre los 10.000 y los 45.000 euros. La mayor aportación fue de 45.000 euros, procedente de la pareja sentimental de una de las perjudicadas en aquel momento.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, previsto en los artículos 249, 250.5 y 74 del Código Penal, del que considera autor al procesado. No aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por ello, solicita que sea condenado a cuatro años y seis meses de prisión, además de diez meses de multa con una cuota diaria de diez euros y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que indemnice a los perjudicados con las cantidades defraudadas: 25.000 euros a uno de ellos, 20.000 euros a otro, 10.000 euros a un tercero, 23.000 euros a otro afectado, 45.000 euros a la pareja de una de las perjudicadas, 19.610 euros a dos hermanos y otros 20.000 euros a un padre y su hija.

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