El Gobierno sube el sueldo a 5,7 millones de perceptores de salario mínimo y funcionarios

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Madrid, 17 nov (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes, en el segundo Consejo de Ministros de los cuatro previstos en campaña electoral, la subida del 5,3 % del salario mínimo interprofesional (SMI), que beneficiará a 2,7 millones de trabajadores, y un alza retributiva del 4,5 % para 3 millones de empleados públicos.

Son 5,7 millones de beneficiarios, según los datos facilitados en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto un mensaje y un vídeo en X en el que habla de 5 millones.

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"Hoy, el Gobierno le sube el salario a 5 millones de trabajadores y trabajadoras. Porque se lo merecen. Porque el éxito económico de nuestro país es, también, fruto de su esfuerzo", dice Sánchez.

El salario mínimo para 2027 queda fijado en 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales) tras ser aprobado mediante real decreto, una norma que no requiere de la convalidación del Congreso.

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La subida fue comunicada a los agentes sociales, sin mayores consultas ni un proceso de negociación como el que ha habido en años anteriores, lo que ha provocado la crítica de la patronal CEOE, que ha tachado la medida de electoralista, al igual que el PP.

Los sindicatos, que plantearon al Gobierno un alza del 7 %, han valorado los "importantes incrementos" de los últimos años, que "han sido decisivos para reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que el incremento del SMI en un 75 % desde 2018 es "la historia del éxito del país" y ha destacado que beneficia especialmente a los jóvenes y a las mujeres, ya que 1,7 millones de trabajadoras cobran el salario mínimo.

En paralelo a la aprobación del nuevo salario mínimo, el Gobierno ha aprobado un real decreto ley en el que incluye una rebaja del IRPF para rentas bajas, que se extiende a ingresos de hasta 23.172 euros anuales, según ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España.

La deducción ascenderá a 1.033,58 euros para quienes cobren salarios equivalentes al nuevo salario mínimo (18.004 euros anuales) y será decreciente para quienes perciban ingresos situados es cantidad y los 23.172 euros, para evitar el 'error de salto' que se produciría si un contribuyente cobra poco más del SMI.

La subida del 4,5 % para 2027 es "la mayor subida para los funcionarios desde 1992", en palabras del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

López ha recordado que la subida forma parte del acuerdo sellado en 2025 con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF y que establecía una senda para subir los salarios de los empleados públicos hasta un 11 % en el horizonte de 2028.

Junto a esto, y también en función de ese acuerdo, ha explicado que en el primer trimestre de 2027 se abonará en las nóminas de los empleados públicos un 0,5 % adicional y retroactivo desde enero de 2026, una vez que el INE confirme que la inflación este año ha crecido por encima del 1,5 %.

"Estamos cumpliendo con lo que se pactó", ha añadido López, que ha recordado que la subida debe pasar ahora por el Congreso, por la Diputación Permanente, ya que conlleva dotación presupuestaria.

El Gobierno ha aprobado además la transposición de dos directivas europeas, para acabar con el secreto salarial y mejorar la detección de la brecha retributiva de género y su reparación.

Los trabajadores tendrán el derecho a solicitar y recibir por escrito, en el plazo máximo de dos meses, información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, desglosadas por sexo, en los grupos, categorías o niveles retributivos de las personas trabajadoras que realicen su mismo trabajo o uno de igual valor.

Las ofertas de trabajo tendrán que ser neutras y aclarar expresamente el salario, en tanto que en los procesos de selección se prohíbe preguntar por el historial retributivo de los candidatos.

La norma incluye por primera vez "la indemnidad expresa" que protege a los trabajadores frente a represalias derivadas de reclamar sus derechos laborales. EFE

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