
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado hasta 37 años de prisión a siete personas por su participación en una organización dedicada a cometer robos en viviendas y por el asalto especialmente violento perpetrado en febrero de 2023 contra una familia de Arroyomolinos.
Según la sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los autores se hicieron pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interceptar al propietario de la vivienda, retenerlo y agredirlo con el propósito de obtener información sobre una importante cantidad de dinero. Posteriormente, irrumpieron en su domicilio, donde se encontraban su mujer y sus dos hijos menores, a quienes también privaron de libertad y amenazaron.
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La sentencia considera acreditados los hechos y condena a los siete acusados por los delitos que les fueron atribuidos, con penas individualizadas en función de su participación.
El principal acusado recibe la condena más elevada, treinta y siete años de cárcel, mientras que su lugarteniente, una mujer, ha sido condenada a 21 años. El resto de la banda, cinco personas más, han recibido condenas entre trece y nueve años de prisión al beneficiarse de la atenuante muy cualificada de reparación del daño, ya que han consignado de forma anticipada una fuerte suma de dinero para indemnizar a los perjudicados.
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La resolución se dictó después de que todos los acusados reconocieran los hechos y manifestaran su conformidad con las conclusiones del Ministerio Fiscal, a las que se adhirió la acusación particular. Las defensas también aceptaron la calificación jurídica y las penas acordadas. Las partes renunciaron expresamente a recurrir, por lo que la sentencia fue declarada firme.
REPARTO DE FUNCIONES
Los hechos probados describen una actividad delictiva planificada, con reparto de funciones y utilización de medios tecnológicos para controlar los movimientos de los moradores de las viviendas seleccionadas.
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En una primera fase, tres de los acusados actuaron conjuntamente en varios robos cometidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Para preparar los asaltos realizaron vigilancias, utilizaron dispositivos de grabación y geolocalización y comprobaron los horarios de salida de los residentes.
El 25 de diciembre de 2022 accedieron a una vivienda de Rivas-Vaciamadrid tras violentar una ventana y sustrajeron joyas, relojes, un abrigo de visón y 3.500 euros en efectivo. El valor de los efectos sustraídos fue tasado en 5.400 euros.
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El 21 de enero de 2023 repitieron el procedimiento en una vivienda de Arroyomolinos. Tras forzar una ventana y violentar una caja fuerte, se apoderaron de 42.000 euros y diversas joyas.
El 2 de febrero de ese mismo año entraron en otra vivienda de Villaviciosa de Odón, de la que sustrajeron 3.200 euros, relojes, anillos y otras joyas. Ese mismo día intentaron acceder a otro inmueble de la localidad, pero abandonaron el lugar al advertir la presencia de una persona en su interior.
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El episodio de mayor gravedad tuvo lugar en la madrugada del 22 de febrero de 2023. Los acusados habían colocado previamente un dispositivo GPS en el vehículo de uno de los objetivos y vigilaban su domicilio mediante cámaras instaladas en un coche estacionado frente a la vivienda.
Conocían así los movimientos del propietario y pudieron seguirlo cuando circulaba por la R-5 en dirección a Arroyomolinos. Los asaltantes utilizaron un dispositivo luminoso policial para darle el alto.
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Tres de ellos bajaron del vehículo con chalecos identificativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, exhibieron una placa y portaron objetos que aparentaban ser armas reglamentarias. Tras obligarlo a bajar de su coche, lo esposaron y le cubrieron los ojos con cinta americana.
Durante el trayecto lo golpearon en la cabeza con una pistola y le preguntaron dónde guardaba el dinero que supuestamente había cobrado por organizar una fiesta. Lo trasladaron después a una finca de Navalcarnero, donde continuaron las agresiones.
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Allí, los acusados le propinaron golpes con palos por distintas partes del cuerpo, especialmente en los glúteos y los muslos. También le colocaron unas pinzas de batería en los brazos y le aplicaron varias descargas eléctricas para doblegar su voluntad y conseguir que revelara dónde estaba el dinero. Las amenazas incluyeron la posibilidad de hacer daño a su familia.
Mientras el hombre permanecía retenido y era agredido, varios de los acusados se desplazaron a su domicilio. Entraron al grito de '¡Policía!', todavía vestidos con prendas policiales y exhibiendo sus placas. En la vivienda se encontraban la esposa del propietario y sus dos hijos, de 14 y cuatro años.
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Los asaltantes comunicaron a la mujer que estaba detenida y que debía acompañarlos. Mientras registraban el despacho y sustraían 2.700 euros y varias joyas, la obligaron a salir de la vivienda junto con los menores.
Durante el traslado, la mujer fue amenazada con una pistola introducida en su boca y recibió advertencias de que la matarían si no revelaba dónde se encontraba el dinero. Posteriormente fue introducida en el maletero de un vehículo y trasladada a la finca donde permanecía su marido.
Una vez allí, los asaltantes condujeron a la mujer y a los niños hasta el lugar en el que se encontraba el hombre, ensangrentado y tendido en el suelo.
Los familiares pudieron escuchar cómo continuaban golpeándolo mientras permanecían encerrados en un baño a oscuras. Finalmente, cuando los autores comprobaron que no obtendrían más dinero, trasladaron a los cuatro miembros de la familia y los abandonaron en una calle de Moraleja de Enmedio.
Las consecuencias físicas y psicológicas fueron importantes. El hombre sufrió policontusiones y hematomas múltiples, con un periodo de curación de 21 días. Su esposa padeció un trastorno adaptativo y estrés postraumático moderado, mientras que la hija mayor sufrió un cuadro de estrés agudo postraumático que requirió seguimiento psicológico y dejó secuelas.
En la determinación de las penas, el tribunal tiene especialmente en cuenta dos circunstancias. Por un lado, aprecia la agravante de reincidencia en el principal acusado, que contaba con una condena anterior firme por un delito de robo con violencia en casa habitada. Por otro, reconoce la atenuante muy cualificada de reparación del daño a cinco de los condenados.
Estos últimos habían consignado antes del juicio 130.000 euros, aportando 26.000 euros cada uno, para resarcir los perjuicios económicos, físicos, psicológicos y morales causados a la familia asaltada. La Sala aplica las reglas de individualización de la pena del artículo 66 del Código Penal y considera procedente imponer las penas acordadas por las partes.
PERTENENCIA A GRUPO CRIMINAL
La resolución condena también a los acusados por la pertenencia a grupo criminal, al considerar acreditada la existencia de una estructura estable, concertada y con reparto de tareas, aunque sin una jerarquía determinada, dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio en viviendas habitadas.
El principal acusado ha sido condenado a treinta y siete años por tres delitos de robo con fuerza en casa habitada, uno de ellos continuado, un robo con violencia e intimidación en casa habitada con uso de armas, cuatro delitos de detención ilegal con simulación de autoridad, lesiones leves, un delito contra la integridad moral, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal.
La segunda acusada ha sido condenada a 21 años por los robos cometidos en la primera fase, por su participación en el asalto violento y las detenciones ilegales, así como por falsedad documental, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal.
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