El PSOE incluye en su programa destinar el 1% del PIB a vivienda asequible y un parque estatal de 100.000 casas

El PSOE se compromete a movilizar cada año el 1% del Producto Interio Bruto (PIB) a garantizar el acceso a la vivienda, que será el principal objetivo de la legislatura, según indican en el programa electoral para las generales del 29 de noviembre que han presentado este domingo.

Los socialistas incluyen una amplia batería de medidas en materia de vivienda entre las que también aparece aumentar la duración de los contratos de arrendamiento para dar más estabilidad a los inquilinos, una de las reclamaciones de las organizaciones que promovieron las recientes protestas y la acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

En la misma línea, van a "congelar temporalmente" las rentas que superen los índices de referencia, con el objetivo de evitar "incrementos abusivos" en los mercados tensionados.

También se comprometen a aumentar el parque de vivienda pública y protegida "para alcanzar la media de los países de nuestro entorno". En ese sentido prometen constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas mediante construcción y adquisición para aumentar la oferta para la venta y el alquiler a precio asequible. Este parque se sumaría a las viviendas promovidas por las comunidades autónomas y las entidades locales.

Para incentivar el uso residencial frente al turístico, el PSOE va a permitir que los municipios que lo deseen establezcan un impuesto sobre las pernoctaciones en las viviendas de uso turístico y además aprobarán un marco estatal que permita a los ayuntamientos aplicar "recargos sobre las estancias turísticas" que podrán utilizar para gestionar los efectos de la presión turística y obtener recursos para financiar servicios públicos.

NUEVO IMPUESTO A FONDOS BUITRE

También van a establecer un nuevo impuesto "contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios" que gravará de manera progresiva la posesión de todas las viviendas que no se destinen a alquiler residencial asequible.

"Las viviendas que se dediquen a fines turísticos, que estén vacías, o que se pongan en alquiler a un precio abusivo serán objeto de este nuevo impuesto", indica el programa de los socialistas, con el objetivo de "frenar la acumulación especulativa y movilizarla hacia el alquiler asequible".

Asimismo, contemplan "mantener y garantizar" la limitación de la compra de viviendas por fondos especulativos y pretenden reformar la Constitución para que la vivienda se considere un derecho fundamental --categoría de especial protección en la Carta Magna-- para que la ciudadanía pueda "exigir su cumplimiento a los poderes públicos".

REGISTRO DE FONDOS Y DE PRECIOS

Por otro lado plantean crear un registro de fondos de inversión y de Socimi, para reforzar la trazabilidad y el control de los "grandes actores" del mercado inmobiliario. También un registro de precios de los contratos de alquiler para mejorar la transparencia y el conocimiento del mercado residencial.

El PSOE se compromete a aprobar una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo para agilizar y simplificar los procesos de desarrollo urbanístico y prevé destinar importantes partidas presupuestarias para fomentar la construcción y la rehabilitación de casas.

En concreto, aseguran que van a disponer más de 25.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para avales, préstamos y financiación de vivienda asequible. 4.700 millones del Plan Social del Clima irán destinados a financiar la construcción o rehabilitación de viviendas sostenible y 400 millones anuales del Fondo de Vivienda de Impacto Social serán para financiar proyectos.

PROTECCIÓN ANTIDESAHUCIOS

Tras el desahucio de Maricarmen Abascal que generó una ola de protestas sociales, el PSOE se compromete a garantizar un marco estable de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional así como la creación de un mecanismo de protección frente al deslojo que dé respuesta a emergencias habitacionales.

También pretenden asegurar que el coste de la prohibición de los desahicios a personas vulnerables no recaigan sobre el pequeño propietario sino que serán las administraciones quienes lo asuman.