Madrid, 13 nov (EFE).- El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior cree que la suspensión cautelar del voto a los afectados por la 'ley de nietos' "es un ataque frontal" a los derechos de los españoles residentes en el extranjero y abre la puerta a recortarlos.
Está convencido de ello David Casarejos, consejero general por el Reino Unido que ha participado en un acto organizado por la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), quien considera que la suspensión cautelar del derecho a voto de las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad por la ley de nietos "es de una gravedad increíble".
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Recuerda que la instrucción, que presumía la condición de exiliado a todos los que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 y que dio origen a esa suspensión, data de 2022 y se ha recurrido este año (lo hicieron la organización Iustitia Europea y Vox).
Advierte además que el embrollo que ha generado la 'ley de nietos', está dejando "muchas dudas" porque estos 163.355 nuevos españoles están incluidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y nadie les ha comunicado si pueden o no votar, ya que en teoría sólo podrán hacerlo las 901 personas que sí han podido documentar que son efectivamente descendientes de exiliados españoles.
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El presidente de ADE, Alberto Virella, apunta, por su parte, que la ley de Memoria Democrática "se ha hecho mal con ganas" porque, entre otras cosas, se aprobó sin el margen de un año para ejecutarla cuando el volumen de solicitantes de la nacionalidad era mucho mayor que en la ley de Memoria Histórica de 2007 que, por el contrario, sí previó ese paréntesis de un año para ponerla en marcha.
En todo caso, Casarejos espera que el 29N los electores en el extranjero voten masivamente porque sí sólo vota el 10,04 %, como ocurrió en las generales de 2023, "no nos van a tomar en serio".
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Hay 3.202.002 personas de españoles residiendo en el extranjero, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2026 a quienes lo que ha pasado con la ley de nietos puede marcar un camino que afecte a sus derechos y Casarejos apunta, por ejemplo, a que pueda reducirse la dotación para los planes de retorno o incluso que la nacionalidad española de sus hijos pueda verse amenazada.
Y quiere subrayar que las remesas de dinero de nuestros nacionales están por encima de los 6.000 millones de euros, según los datos de 2024, mientras que el dinero destinado por el ministerio en asociaciones o ayudas públicas es de unos 52 millones.
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El presidente de los diplomáticos insiste además en que no contamos con un servicio exterior acorde a la España de hoy, empezando porque el Reglamento de la carrera diplomática es de 1955 y no han logrado cambiarlo pese a sus insistentes demandas al Gobierno.
Si bien el real decreto de la ciudadanía en el exterior del pasado 4 de noviembre -explica- reconoce una cantidad importante de derechos y prestaciones, no hay los recursos suficientes para atenderlos. EFE
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