Puente comparece este martes en el Congreso para dar explicaciones del accidente de Urda

Madrid, 2 nov (EFE).- El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparecerá este martes en la Diputación Permanente del Congreso (órgano que sustituye al Pleno cuando las Cortes están disueltas), para dar explicaciones por el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

Puente comparecerá a petición propia seis días después de la tragedia y se enfrentará previsiblemente a las peticiones de dimisión de todos los grupos parlamentarios, a excepción del PSOE y Bildu, que defienden que hay que esperar a las conclusiones de la investigación antes de exigir responsabilidades políticas.

Hasta el momento el ministro ha rechazado dimitir, con el argumento de que su forma de asumir su responsabilidad es "dar la cara", esclarecer lo ocurrido y seguir al mando.

No obstante, tras el accidente -el segundo en nueve meses con víctimas mortales- Puente ofreció su cargo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consideró que apartarlo sería "injusto" y le trasladó que debía seguir gestionando la situación, según fuentes del Ejecutivo.

Desde el Ministerio de Transporte señalan que Óscar Puente expondrá en su comparecencia en el Congreso el contenido del informe sobre la gestión del accidente y los extremos del decreto de ayudas a las víctimas que por la mañana aprobará el Consejo de Ministros.

El presidente Pedro Sánchez ya ha avanzado este lunes en un acto en Barcelona, los cuatro ejes de dicho decreto, que está basado en el que ya se aprobó tras el accidente del pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba).

Estos son: duplicar las indemnizaciones del seguro obligatorio de viajeros (SOV), con lo que la compensación automática máxima por fallecido alcanzaría los 216.364,68 euros, y anticipar dichas indemnizaciones, a través un mecanismo para que víctimas y familiares reciban una primera compensación sin esperar a que concluyan todos los procedimientos administrativos o judiciales.

Otra de las medidas es establecer un procedimiento especial de baja laboral con "cobertura mejorada" para quienes hayan sufrido lesiones por el accidente.

El cuarto consiste en desplegar oficinas de atención integral personalizada en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de las comunidades autónomas donde residan los afectados, para centralizar trámites, información y apoyo sin obligarles a desplazarse a Toledo.

En Barcelona Sánchez ha insistido en que la principal obligación del Gobierno es "recuperar la confianza quebrada" de los ciudadanos en el sistema ferroviario "cuanto antes" y "cueste lo que cueste", para lo cual ha apuntado que hay que trabajar en "distintos frentes".

El informe preliminar publicado por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) no establece una causa definitiva del accidente, pero describe una "cadena de averías, instrucciones y acciones" que habría conducido a la colisión entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo sin que actuaran las barreras de mitigación necesarias.

El choque ocurrió el miércoles 28 de octubre en Urda (Toledo), en la línea Madrid–Sevilla, a una velocidad estimada por la AITAT de entre 160 y 200 km/h, cuando el coche delantero del AVE se empotró en el último coche del Iryo y ambos trenes acabaron volcados al pie de un terraplén.

El primer fallo identificado fue una caída del sistema de seguridad LZB, que -siguiendo el protocolo- obligó a gestionar la circulación en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla mediante el Bloqueo de Señalización Lateral (BSL), con lo que el mando pasó al centro de control de Adif.

Según la investigación, una orden del centro de control autorizó al AVE de Renfe a reanudar la marcha a velocidad normal (con un límite de 200 km/h), pese a que el Iryo estaba detenido delante en el mismo cantón.

En su comparecencia, el ministro tendrá que explicar tanto la secuencia técnica del accidente como la respuesta del ministerio, Adif y Renfe, incluidos posibles nuevos protocolos de seguridad.

En las últimas horas, tanto el sindicato de maquinistas Semaf como la operadora Iryo han reclamado por carta a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo dependiente del ministerio, que revise los protocolos de circulación que se aplican cuando dejan de funcionar los sistemas de protección y seguridad de la alta velocidad.

En concreto piden limitar a 40 kilómetros por hora (marcha a la vista) la velocidad de los trenes que circulen bajo el sistema BSL y con el sistema ASFA como protección, cuando se produzca una pérdida de transmisión del LZB o el ERTMS.

Por su parte, Renfe, trabaja en un documento de instrucciones para sus maquinistas que incluye la misma consigna de impedir a estos circular a marcha normal (hasta 200 kilómetros por hora) cuando cae el sistema LZB.EFE

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