Santa Cruz de La Palma, 30 oct (EFE).- El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, y sus homólogos autonómicos han reclamado a las administraciones públicas que impulsen reformas legales y ejecuten políticas de vivienda con financiación suficiente para garantizar el derecho de la ciudadanía a disponer de una vivienda digna y adecuada.
La petición se recoge en un decálogo de conclusiones aprobado durante las trigésimas novenas Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo, celebradas en La Palma y clausuradas este viernes, en las que el acceso a la vivienda ha centrado el debate.
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Los defensores consideran que se trata de una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que, por ello, requiere una atención prioritaria por parte de las administraciones con competencias en esta materia.
Entre las medidas propuestas figuran el incremento del parque de vivienda social y protegida, una mayor dotación presupuestaria para las políticas públicas de vivienda y el establecimiento de ayudas al alquiler.
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También plantean actualizar los planes urbanísticos para adaptarlos a las nuevas necesidades residenciales derivadas del crecimiento de la población, reforzar la supervisión y el control de las viviendas destinadas al alquiler turístico y simplificar la normativa, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
El documento subraya que la vivienda constituye una necesidad básica y un derecho con "importantes implicaciones sociales", al considerar que disponer de un hogar adecuado y asequible contribuye a prevenir la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social.
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En este sentido, advierte de que estas situaciones resultan especialmente difíciles de revertir una vez que se producen, por lo que defiende la necesidad de actuar mediante políticas públicas que permitan hacer efectivo el derecho a la vivienda.
En las jornadas han participado, además de Ángel Gabilondo, representantes de las defensorías de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra y País Vasco.
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El encuentro ha contado también con intervenciones de especialistas universitarios, trabajadores sociales, activistas por la vivienda, profesionales de distintos ámbitos y representantes de las administraciones públicas y del tercer sector. EFE
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