Un juez abre diligencias para investigar un incendio que arrasó en junio una nave de trasteros en Villaverde (Madrid)

Un juez de Madrid ha abierto diligencias previas para investigar un presunto delito de incendio imprudente por el fuego que el pasado 18 de junio arrasó una nave de trasteros en el distrito madrileño de Villaverde y afectó a más de 800 clientes.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado acuerda incoar diligencias previas tras la denuncia presentada por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, uno de los afectados por el siniestro. El procedimiento se dirige contra la empresa Improcesan S.L., que explotaba las instalaciones bajo el nombre comercial de Untrastero.

El magistrado considera que los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, si bien señala que todavía no están determinadas la naturaleza y las circunstancias de lo ocurrido ni las personas que pudieron intervenir.

Por ello, acuerda oficiar a la Unidad de Policía Adscrita para que practique las gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos y da traslado de la incoación al Ministerio Fiscal.

El incendio se declaró a primera hora del 18 de junio en una nave de trasteros situada en la calle San Mamés, en el distrito de Villaverde. Hasta 15 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid llegaron a trabajar en la extinción de las llamas, que generaron una gran columna de humo y obligaron a desalojar una gasolinera próxima. El fuego causó importantes daños en las instalaciones y destruyó las pertenencias almacenadas por cientos de clientes.

RECLAMA 49.000 EUROS POR LOS DAÑOS

Entre los afectados figura el abogado y profesor de Derecho Civil Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, que reclama inicialmente unos 49.000 euros por los bienes destruidos, los gastos derivados del traslado de sus pertenencias y el daño moral causado por la pérdida de objetos y documentos familiares.

Su trastero quedó completamente calcinado y en su interior guardaba, entre otros bienes, la biblioteca de su padre, compuesta por unos 1.500 libros, algunos de ellos incunables, además de fotografías de varias generaciones, documentos personales, cuadros y enseres familiares.

El afectado calcula que el incendio destruyó cerca de 150 años de memoria familiar. Entre los objetos perdidos había fotografías de sus padres y abuelos, algunas de finales del siglo XIX, así como documentación personal y profesional y pertenencias de sus hijos.

Rodríguez Vacelar, socio director de Vacelar Abogados y director general del Centro de Estudios e Investigaciones Jurídicas (CEIJ), había anunciado acciones civiles para reclamar la reparación de los daños y la posible impugnación de cláusulas contractuales que, a su juicio, pudieran limitar la responsabilidad de la empresa.

Asimismo, había advertido de que estudiaría la vía penal si apreciaba indicios de una imprudencia grave. Entre las cuestiones que consideraba necesario esclarecer figuraban el origen y la propagación del fuego, las medidas de seguridad existentes y el mantenimiento de las instalaciones.

El abogado también había señalado que los afectados estaban estudiando posibles actuaciones conjuntas y acciones colectivas para coordinar sus reclamaciones.

Por su parte, Improcesan comunicó el pasado 11 de septiembre el inicio del envío progresivo de propuestas de liquidación a los perjudicados, según la información facilitada por Rodríguez Vacelar.

La apertura de diligencias permitirá investigar las circunstancias del incendio y determinar si existen responsabilidades penales, sin que por el momento el auto establezca la responsabilidad de la empresa denunciada.