El decreto de centros de datos mantiene elementos clave y prioriza factorías IA europeas

Madrid, 26 oct (EFE).- La nueva propuesta de Real Decreto para regular los centros de datos en España mantiene los elementos clave del primer borrador, aunque da flexibilidad a las empresas en los tiempos para poner en marcha las medidas y otorga más plazo a las gigafactorías de IA europeas para vincularse a instalaciones renovables que provean al menos el 80 % del consumo de la infraestructura.

El Gobierno ha enviado este lunes al Consejo de Estado el documento, al que ha tenido acceso EFE, que mantiene la exigencia a los titulares de los centros de datos de acreditar que cubran el 80 por ciento de su consumo total mediante alguna de las modalidades de autoconsumo o a través de la compra de electricidad renovable ubicada en España.

Esta propuesta de decreto permite que las instalaciones renovables vinculadas puedan tener una antigüedad de hasta 36 meses previos a la puesta en marcha del centro de datos (frente a los 18 meses fijados en el primer borrador), así como también rebaja de 10 a 6 la duración de esos contratos.

Asimismo, la exigencia de cubrir al menos el 80 % del consumo total con energía renovable se flexibiliza al incorporar el almacenamiento con baterías y permitir que los centros de datos utilicen electricidad de plantas solares fotovoltaicas sin importar su fecha de construcción, siempre que estas no tuviesen suscrito uno o más contratos de compra de electricidad renovable a plazo a la entrada en vigor de este real decreto.

Hasta que empiece 2029, las empresas contarán con un plazo de gracia de seis meses desde la formalización del contrato de acceso a la red para cumplir estos requisitos de generación de energía eléctrica de origen renovable (adicionalidad, en términos técnicos).

Por su parte, los centros de datos que "formen parte de iniciativas de la Unión Europea" y sean proyectos estratégicos europeos orientados a la soberanía digital tendrán de plazo hasta 60 meses para poner en marcha estas medidas de autoconsumo o compra de electricidad renovable.

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recalcan que el nuevo texto mantiene "la ambición y los elementos clave" de la propuesta sometida a información pública para evitar los efectos adversos que un desarrollo descontrolado de las instalaciones produciría sobre los recursos hídricos y el precio de la electricidad.

Uno de los principales cambios respecto al primer borrador es el incremento del umbral general de aplicación de 1 a 10 megavatios (MW) de potencia de acceso, un cambio que centra el foco en los grandes centros de datos.

Los centros con más de 10 MW de potencia eléctrica deberán consumir mayoritariamente energía renovable hasta que el mix energético en España sea un 90 % renovable, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo.

Para cumplir los requisitos de correlación horaria renovable, las empresas podrán acogerse a un plazo de adaptación de cinco años con objetivos graduales a cambio de integrarse en el sistema de reducción automática de potencia para ser desconectados respetando el tiempo de respuesta comunicado por el operador del sistema sin indemnización ante tensiones en la red.

En materia de recursos hídricos, los centros tendrán que cumplir con los niveles más elevados del etiquetado europeo relativos al consumo de agua, pero se eleva el margen transitorio de eficiencia energética de 1,15 a 1,25 de PUE -métrica que mide la eficiencia energética en los centros de datos-, sumando una adaptación por condiciones climáticas.

Este margen transitorio de consumo energético estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2031 para las instalaciones que firmen su contrato de acceso a la red antes de 2029.

En el plano de la soberanía digital, el decreto se centra en los centros que alojen los datos más sensibles del sector público, obligando a mantenerlos dentro de la Unión Europea (UE) pero permitiendo labores de soporte técnico remoto desde terceros países si son estrictamente necesarias.

Desde el Miteco han destacado que la propuesta española es la más ambiciosa y garantista hasta la fecha. EFE