El Colegio de Abogados avala los 38.508 euros en costas que debe pagar García Ortiz al abogado de González Amador

23/05/2025 El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, comparece ante el Tribunal Supremo (TS), a 23 de mayo de 2025, en Madrid (España). Alberto González Amador comparece por la querella que presentó contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las presuntas filtraciones en su contra, en la que se espera que sea una de las últimas diligencias de esta causa.
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Carlos Luján - Europa Press
23/05/2025 El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, comparece ante el Tribunal Supremo (TS), a 23 de mayo de 2025, en Madrid (España). Alberto González Amador comparece por la querella que presentó contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por las presuntas filtraciones en su contra, en la que se espera que sea una de las últimas diligencias de esta causa. POLITICA Carlos Luján - Europa Press
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El Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares considera "ajustados" los 38.508,26 euros en honorarios del abogado que ejerció la acusación particular en nombre del empresario Alberto González Amador en el procedimiento contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos reservados.

Así consta en un dictamen remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al que tuvo acceso Europa Press, que ha incorporado el informe a la pieza de tasación de costas mediante una diligencia de ordenación fechada este lunes.

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El informe colegial concluye que la cantidad reclamada por el letrado resulta "ajustada" atendiendo a la complejidad del procedimiento, el tiempo de dedicación y el trabajo profesional desarrollado. No obstante, el dictamen está condicionado a que el órgano judicial considere debidas las partidas incluidas en la minuta y no constituye por sí mismo una resolución definitiva sobre la tasación.

El procedimiento de tasación de costas se inició después de que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz, en una sentencia dictada el 9 de diciembre de 2025, por un delito de revelación de datos reservados.

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La resolución le impuso una multa de doce meses con una cuota diaria de 20 euros, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y el pago de las costas procesales correspondientes, incluidas las de la acusación particular, con exclusión de la mitad de las restantes. Asimismo, fijó una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

EL ABOGADO RECLAMÓ INICIALMENTE MÁS DE 78.000 EUROS

El letrado de González Amador presentó inicialmente una minuta de honorarios de 64.778,78 euros, sin IVA, que ascendía a 78.382,32 euros con el impuesto incluido.

Tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado impugnaron la tasación al considerar "excesivos" e "indebidos" los honorarios y derechos incluidos. En un decreto de 26 de marzo de 2026, la letrada de la Administración de Justicia estimó parcialmente la impugnación por partidas indebidas y fijó el importe total de las costas en 39.009,48 euros.

Posteriormente, el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado recurrieron esa decisión, pero el Tribunal Supremo desestimó ambos recursos mediante un auto de 2 de julio de 2026, que confirmó el decreto.

El Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares ha examinado ahora la minuta del letrado y considera que los 38.508,26 euros correspondientes a sus honorarios, IVA incluido, son "adecuados" para su inclusión en la tasación, una vez excluidas las partidas consideradas indebidas.

LA COMPLEJIDAD DE LA CAUSA

En su dictamen, el colegio profesional destaca la relevancia institucional de un procedimiento que investigaba la revelación de información reservada por parte de quien ostentaba la máxima representación del Ministerio Fiscal.

También subraya la pluralidad de partes personadas, la tramitación inicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y su posterior traslado al Supremo por razón del aforamiento, así como la apertura de quince piezas separadas para tramitar recursos de apelación, la práctica de numerosas diligencias de instrucción y la actividad impugnatoria desarrollada durante el procedimiento. Entre las diligencias practicadas figuran comisiones rogatorias remitidas a Irlanda y Estados Unidos.

González Amador ejerció la acusación particular y solicitó inicialmente cuatro años de prisión para García Ortiz, además de otras penas, y una indemnización de 300.000 euros por daños morales. La sentencia del Supremo fijó finalmente esa indemnización en 10.000 euros.

El dictamen del Colegio de la Abogacía de Alcalá de Henares fue emitido el 5 de octubre y recibido por el Tribunal Supremo, que lo ha incorporado a la pieza de tasación de costas.

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