Madrid, 20 oct (EFE).- El Gobierno se ha comprometido a subir el salario de los empleados públicos en un 4,5 % en 2027, tal y como se había pactado, aunque sin concretar cuándo lo hará, según han apuntado este miércoles CCOO, UGT y CSIF.
Los sindicatos han señalado en sendos comunicados que, en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco por la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía celebrada este martes, el Gobierno ha mostrado su intención de aplicar el acuerdo salarial cerrado en 2025.
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Este acuerdo establecía un incremento salarial fijo del 2,5 % para 2025, un incremento fijo del 1,5 % y un incremento variable (dependiendo de la evolución del IPC) del 0,5 % para 2026, y un incremento fijo del 4,5 % para el año 2027.
CCOO ha exigido al Gobierno "que diga cuándo lo va a aprobar", algo que tanto para UGT como para CSIF debería suceder antes de las elecciones generales del 29 de noviembre para evitar retrasos.
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Más allá de la subida salarial, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha defendido que hay margen para aplicar materias pendientes del acuerdo ya cerradas, como la revisión de los complementos de residencia e insularidad, una medida imprescindible para garantizar la cobertura de las plantillas en ciertos territorios.
En ese mismo sentido, CCOO ha reclamado que se hagan efectivos todos los compromisos adquiridos en el Acuerdo Marco, como la eliminación de la tasa de reposición o la mejora de las condiciones del personal destinado en el Servicio Exterior, así como la implantación de la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario.
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También ha exigido que culminen los procesos de estabilización pendientes y "evitar nuevos retrasos que prolonguen situaciones de precariedad e incertidumbre para miles" de empleados públicos.
De la misma manera, CSIF ha reclamado que las indemnizaciones por residencia se actualicen antes de final de año y ha avanzado que Función Pública ha trasladado que trabaja en una reforma para definir el abuso de temporalidad que permita establecer sanciones por incumplimiento, incluido el cese de los gestores.
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CSIF ha situado entre sus prioridades la supresión de la tasa de reposición o la mejora del mutualismo administrativo, así como la necesidad de seguir trabajando en la mejora de la promoción interna o la actualización de los permisos y la conciliación. EFE
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