Sindicato de maquinistas ve "prematuro" citar a una investigadora por "incongruencias" en soldaduras en vías de Adamuz

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ve "prematuro" acordar la citación como testigo de la investigadora de la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes en el Transporte (Aitat) encargada de la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, como ha pedido Vox para "esclarecer las incongruencias advertidas" en una documentación sobre las soldaduras de las vías en la zona del suceso.

Según recoge el escrito a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, al que ha tenido acceso Europa Press, el Semaf dice que no ha sido consultado con carácter previo sobre la presentación de la solicitud de Vox como representación y dirección letrada designada "para la actuación común de las acusaciones populares", ni ha participado en la determinación de su contenido, ni prestado conformidad a la citación y al objeto del interrogatorio propuesto.

En este sentido, consideran que "no se puede presentar escritos en nombre de todas las acusaciones populares cuando ni siquiera han sido consultadas", por lo que mediante este escrito manifiestan expresamente su "discrepancia con su práctica en los términos y el momento interesados".

Al respecto, creen que la citación de la testigo propuesta en los términos pedidos por Vox "puede afectar a la investigación en curso", a la vez que solicitan que quede documentado que no expresa la posición de Semaf y que "la designación de profesionales comunes no se utilice para presumir conformidad material inexistente".

No obstante, señalan que la pertenencia de la testigo al equipo de investigación técnica "no constituye una prohibición absoluta de declarar", al tiempo que expresan que "no procede presumir que toda información técnica sea reservada, pero tampoco que su referencia en prensa o su comunicación parcial permita acceder sin delimitación a la totalidad de las actuaciones internas del equipo investigador".

Además, remarcan que "se debe comunicar a la Autoridad el requerimiento previsto con carácter previo a la aportación de documentos, a la práctica de diligencias o a la citación de la persona obligada por el deber de reserva". Ante ello, "la comunicación permite a la Autoridad manifestarse sobre la preservación de la reserva, la conveniencia de diferir la actuación para evitar perjuicios a la investigación técnica, la audiencia de terceros afectados y la idoneidad de la persona propuesta o de otra que pueda resultar más adecuada", agregan. Tras esas consideraciones, que deben formularse en el plazo máximo de 24 horas desde la solicitud, la decisión corresponde al órgano judicial.

"No se solicita, por tanto, que la práctica de la diligencia quede sometida a veto o autorización vinculante de la Aitat", han aclarado, para indicar que "se interesa que el tribunal adopte su decisión después de tramitar las garantías legalmente previstas respecto de la información reservada a la que pudiera extenderse el interrogatorio", apostillando quer "el régimen no queda excluido por que las comunicaciones fueran elaboradas cuando la investigación correspondía a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF)".

LAS PREGUNTAS

Igualmente, el Semaf puntualiza que "la solicitud de Vox no se limita al reconocimiento de la autoría de una comunicación", de forma que "propone preguntas sobre comprobaciones del equipo, documentos y versiones examinados, verificaciones de autenticidad y trazabilidad, inferencias técnicas, explicaciones recibidas y relevancia de discrepancias para identificar soldaduras", a la vez que "añade una cláusula abierta referida a cualquier otra cuestión relacionada con hechos investigados".

Por tanto, subrayan que "el alcance propuesto puede afectar a información y actuaciones de una investigación técnica todavía en curso". Así, ven "necesario distinguir qué extremos son hechos conocidos personalmente por la investigadora, cuáles proceden de terceros o de trabajos del equipo y cuáles requieren valoración técnica que exceda del reconocimiento y explicación factual de su comunicación".

Asimismo, exponen que "la afirmación de que no se pide un dictamen pericial ni se pretenden anticipar las conclusiones de la investigación no resuelve por sí sola esa delimitación", a lo que agregan que "deben atenderse el contenido real de las preguntas y la información que sería necesario revelar para contestarlas, preservando las respectivas finalidades de la investigación judicial y de la técnica".

Por ello, ve "prematuro acordar la citación en los términos solicitados sin examinar previamente las comunicaciones completas y anexos pertinentes que ya obren en autos o se incorporen de forma regular", de manera que "esa comprobación permitirá valorar qué hechos precisan realmente aclaración personal de la investigadora y qué extremos pueden esclarecerse mediante documentación o mediante intervención de sus autores o de peritos judiciales, sin duplicidades innecesarias".

Respecto de la incorporación documental, Semaf no se opone a que el tribunal disponga de las comunicaciones pertinentes para el esclarecimiento de hechos. Solicita que "se compruebe su efectiva incorporación, integridad y localización en las actuaciones y se garantice el acceso procesal que corresponda, evitando duplicaciones y observando el régimen de reserva cuando proceda".

En consecuencia, piden que "no se acuerde por ahora la citación en los términos interesados", declarando que "una vez examinados los documentos y recibidas las consideraciones de la autoridad, corresponderá al tribunal decidir sobre la necesidad, momento y alcance de la diligencia, incluida la conveniencia de diferirla o delimitar las materias de interrogatorio".

"DISCREPANCIA EN LA ORIENTACIÓN DE LA ACTUACIÓN PROCESAL"

Por otra parte, la solicitud presentada y la oposición que ahora se formula ponen de manifiesto "una discrepancia concreta en la orientación de actuación procesal", aseveran desde el Semaf, para destacar que "no se trata de una diferencia ideológica ni de objeción genérica a la personalidad de otra acusación, sino de una decisión sobre la oportunidad y alcance de una diligencia de investigación" que Semaf no comparte en los términos propuestos.

Esta parte no sostiene que "toda decisión de los profesionales comunes requiera unanimidad ni que cualquier desacuerdo impida de forma automática una agrupación". Sostiene que "la adopción de una actuación sin consulta, unida a una oposición expresa y fundada sobre su contenido, obliga a valorar cómo puede hacerse efectiva la posición propia de cada entidad cuando existe discrepancia, no se puede presentar escritos en nombre de todas las acusaciones populares cuando ni siquiera han sido consultadas".

De igual modo, enfatizan que "la coincidencia en esclarecer el accidente no acredita que todas las acusaciones deban solicitar las mismas diligencias o compartir decisiones de la dirección común". El auto de 8 de octubre mantiene a Semaf como parte, aunque canaliza su actuación mediante profesionales designados por otra entidad "sin establecer mecanismo para hacer valer posiciones discrepantes". Esta incidencia denunciada muestra "la necesidad de revisar esa solución" respecto del sindicato y de permitir que su posición se formule mediante los profesionales de su elección.

Así, el sindicato pide que "se deje sin efecto la inclusión de Semaf en la representación y defensa comunes o, subsidiariamente, se mantenga provisionalmente su postulación propia mientras se resuelve esta incidencia denunciada y, si estuviera pendiente, la impugnación del auto de unificación efectuada por esta parte", a lo que añaden que "la instrucción puede continuar sin que esa petición implique suspensión general de la causa".