La jueza Tardón busca al confidente que alertó de movimientos en Marruecos y reclama los informes militares previos a la entrada masiva en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ampliado la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y ha ordenado identificar a un confidente de la Guardia Civil que habría alertado de movimientos inusuales en Marruecos antes de los hechos. La magistrada reclama, además, nuevos informes de inteligencia al Ejército, grabaciones de los sistemas de vigilancia fronteriza y documentación sobre las advertencias y decisiones adoptadas por las autoridades en los días previos a la crisis.

En un auto fechado el 16 de octubre, la instructora acuerda también citar como testigos el 27 de octubre a Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, consejeros del Gobierno de Ceuta que, según la declaración del presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, estuvieron presentes en las zonas afectadas o participaron activamente en la gestión de la crisis.

Al día siguiente comparecerán tres funcionarios de la Policía Nacional que se encontraban de servicio en la frontera el 30 de julio. La providencia del 19 de octubre añade las declaraciones de Lorenzo Juan Fages Cortés, inspector jefe de la Policía Nacional, y del teniente coronel de la Guardia Civil que ejercía como jefe de Operaciones de la Comandancia de Ceuta. Ambos están citados para el 26 de octubre.

Las nuevas diligencias buscan esclarecer qué información tenían las distintas administraciones antes de los acontecimientos, quién la recibió y qué medidas se adoptaron para responder a una movilización de una magnitud extraordinaria. La investigación se inició para determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de unos hechos que la jueza considera susceptibles de constituir un delito contra la paz e independencia del Estado.

La pista del confidente que avisó de movimientos en Marruecos

Una de las principales líneas de investigación pasa por identificar a un hombre conocido como Ahmed, residente en la barriada ceutí de Benzú, que habría trasladado información sobre concentraciones de personas y movimientos inusuales en Castillejos, en territorio marroquí, antes de la entrada masiva. La referencia procede de la declaración de Gonzalo Sanz, quien era jefe de gabinete del delegado del Gobierno cuando ocurrieron los hechos. Según explicó ante la jueza, Ahmed mantenía una interlocución habitual y fiable con la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta.

Tardón ha ordenado a las jefaturas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que identifiquen tanto a este informante como a los agentes que hubieran mantenido contacto con él. Una vez localizados, deberán ser citados a declarar como testigos. La instructora pretende así comprobar qué información llegó a las fuerzas de seguridad antes de la crisis y cómo se trasladó a los responsables de la respuesta operativa.

La magistrada también reclama a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno las actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados y documentos preparatorios de las reuniones celebradas los días 27, 28 y 30 de julio. Según recoge el auto, varios testigos han coincidido en que en esos encuentros se abordó la gravedad de la situación, se solicitaron medidas extraordinarias y se advirtió de la necesidad de actuar con urgencia.

El Ejército deberá entregar informes de inteligencia y grabaciones

La ampliación de las diligencias alcanza también a las Fuerzas Armadas. Tardón requiere al Ejército de Tierra todos los informes de inteligencia y seguridad elaborados por la Comandancia de Ceuta entre el 15 de julio y el 7 de agosto, así como el informe original REW 32 que figura entre los documentos desclasificados por el Gobierno.

Al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) le solicita los informes generados en el grupo de seguimiento de Marruecos, más imágenes satelitales de la frontera y las interceptaciones del programa Santiago correspondientes al mismo periodo.

Además, ordena recabar grabaciones de cámaras de videovigilancia, drones y sistemas de control fronterizo de la Policía, la Guardia Civil, la Autoridad Portuaria, la Ciudad Autónoma y los organismos militares. El objetivo es reconstruir cronológicamente lo ocurrido y contrastar las declaraciones de los testigos con registros objetivos.

La jueza reclama asimismo cifras oficiales sobre entradas, retornos, devoluciones, rescates, fallecimientos, menores atendidos y efectivos desplegados. También pide informes sobre la repercusión de la crisis en los servicios públicos esenciales y sobre los daños económicos sufridos por la ciudad, para lo que requiere documentación a la Cámara de Comercio y a la Confederación de Empresarios de Ceuta.