Barcelona, 14 oct (EFE).- Agentes de los Mossos d’Esquadra han apuntado al ex alto cargo de la Generalitat Emili Dragone como responsable de las autorizaciones ambientales concedidas a la cementera Lafarge de Montcada i Reixac (Barcelona) con base en una licencia que la justicia había declarado nula.
En el juicio, que ha empezado este miércoles en la sección sexta de la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía pide dos años de prisión para Dragone, exjefe de los servicios de prevención de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, acusado de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente.
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En su declaración como testigos, los Mossos autores de los informes encargados por el ministerio fiscal han atribuido la responsabilidad de las declaraciones de impacto ambiental que acabaron concediendo dichas licencias a Dragone: “Fue él quien las tramitó, porque como jefe de servicio finalmente la decisión era suya”, ha asegurado un agente.
Sin embargo, quien fue directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático, Mercè Rius, ha explicado que Dragone y su equipo solo se encargaban de “integrar” los informes remitidos por técnicos para después pasarlos por la Ponencia Ambiental, el órgano colegiado con representantes técnicos de diferentes departamentos que los aprobaban por unanimidad antes de publicarlos en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
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“En el caso de que se hubiese querido saltar el trámite, la Ponencia no lo hubiese permitido, todo iba muy reglado”, ha declarado la testigo, que ocupó el cargo entre 2016 y 2022.
Las autorizaciones enjuiciadas corresponden a las que se concedió en 2015 a la planta Lafarge, que el Supremo ordenó precintar en noviembre de 2022, pese a que los informes de impacto ambiental en los que se fundamentaban correspondían a una licencia de 2008 que la justicia había anulado previamente.
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En respuesta a preguntas del abogado de la acusación particular, ejercida por los vecinos de Montcada, el agente de los Mossos ha asegurado, en este sentido, haber constatado que el contenido de las declaraciones de impacto ambiental de las licencias de 2008 y de 2015 era “el mismo”.
El motivo de dicha anulación, sostenido tanto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como por el Supremo, es que no se había publicitado la licencia para que los afectados pudiesen formular alegaciones, algo que, de hecho, llevó al TSJC a anular en varias sentencias las autorizaciones ambientales concedidas por la Generalitat a la cementera, gestionada por la empresa LafargeHolcim España.
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La exjefa del área de asesoría jurídica del departamento de Medio Ambiente, no obstante, ha argumentado que consideraron que la sentencia con la que el TSJC tumbó la licencia de 2008 no suponía una “anulabilidad absoluta”, ya que solo se refería a un error formal de procedimiento y no al contenido de la declaración de impacto ambiental, por lo que se basaron en la misma para aprobar una nueva autorización.
Al sacar adelante la licencia de 2015, señalan las acusaciones, Dragone habría omitido las exigencias ambientales introducidas por la Unión Europea en 2010 y los cambios normativos españoles acaecidos desde 2009, además de no haber evaluado el estado de la contaminación atmosférica existente en esa época en la zona de la cementera.
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En relación a la contaminación, uno de los Mossos autores de los informes ha declarado que la calidad del aire de la zona de la cementera en 2008, cuando se concedió la primera licencia, “ya estaba muy mal”, aunque según la Fiscalía los niveles de contaminación se encontraban dentro de los límites de la normativa vigente.
La entonces responsable de la asesoría jurídica del Departamento ha asegurado que no detectó “ninguna ilegalidad” en todo el procedimiento relativo a las autorizaciones, algo que ha complementado el director de la asesoría jurídica de Lafarge, quien ha insistido en que “siempre” han estado amparados por licencias ambientales.
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El juicio seguirá este jueves con la declaración del resto de testigos y del acusado, para quien la Fiscalía también solicita su inhabilitación para el empleo o cargo público durante diez años y que sea condenado a una multa de 6.480 euros, mientras que la acusación particular pide seis años de prisión. EFE
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