El Supremo confirma la pérdida de condición de magistrado de Luis Acayro por prevaricación

Santander, 14 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la pérdida de la condición de magistrado de Luis Acayro Sánchez, el juez que instruyó una veintena de causas por delitos relacionados con el urbanismo en Castro Urdiales y que fue condenado por prevaricación a inhabilitación.

Luis Acayro Sánchez fue condenado en octubre de 2022 por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por dictar resoluciones contra un abogado que se querelló contra él, junto al Colegio de la Abogacía de la comunidad autónoma.

Tras el recurso, el Supremo elevó la condena por inhabilitación a diez años y el pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó, en ejecución de la sentencia, la pérdida definitiva de la condición de magistrado.

La representación del juez recurrió este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para alegar que, al haber recurrido la decisión del Tribunal Supremo al Constitucional, no se debería haber tomado ninguna decisión hasta que este último tribunal se pronunciara.

También adujo vicios del procedimiento y que no se podía aplicar el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula la suspensión definitiva.

El Supremo, en una sentencia que ha consultado EFE, establece que la interposición del recurso de amparo no suspende los efectos de la sentencia y que además ese escrito del juez no fue admitido por el Constitucional.

También rechaza los vicios en el procedimiento.

Y, aunque señala que "es verdad" que la Ley Orgánica del Poder Judicial no hace referencia expresa a la pérdida de la condición de magistrado como sanción penal, ni regula en ninguna parte las consecuencias en el plano funcionarial de una sentencia penal firme que impone la pena de privación definitiva del empleo o cargo, el Supremo sostiene que no puede inferirse que el acto del pleno del CGPJ que da ejecución a la condena carezca de fundamento normativo.

"Su fundamento normativo se encuentra en el deber que pesa sobre cualquier institución del Estado de hacer cuanto sea preciso, dentro de su esfera de atribuciones, para llevar a efecto la sentencia penal firme en sus propios términos", afirma el alto tribunal.

Argumenta además que, aunque Ley Orgánica del Poder Judicial no diga expresamente que el pleno del Consejo está obligado a dar inmediato y fiel cumplimiento a una sentencia firme, ello "no puede interpretarse como una exoneración".

El alto tribunal destaca que la condena penal firme a la privación definitiva del empleo o cargo de un magistrado comporta la pérdida de la condición de tal "y, por consiguiente, la separación de la carrera judicial".

"No significa que el magistrado quede en una situación de suspensión mientras dure la inhabilitación", aclara.

El Supremo tampoco acepta la alegación de la representación de Luis Acayro Sánchez, que comparaba su caso con el del Fiscal General condenado, Álvaro García Ortiz.

El juez argumentaba que a diferencia del Fiscal General, también condenado, él había sido separado del servicio.

Para el Supremo, "esta queja de discriminación no puede ser acogida". EFE