Dos acusados incriminan al coronel juzgado por falsear la entrega de muestras de fusiles en una licitación

Dos de los acusados en el juicio contra un coronel de la Guardia Civil juzgado por falsificar documentos para simular la entrega de fusiles de muestra en una licitación de más de 8.000 armas han incriminado al mando al declarar que propuso recurrir a fusiles de otros expedientes y que estuvo presente cuando se colocaron pegatinas de la empresa sobre el logo de la Benemérita.

En el banquillo se sientan un coronel de la Guardia Civil, la gerente de Uniformidad y Suministro de Protección SL (USP) y un empleado, para quienes la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el mando y 18 meses para cada uno de los otros dos procesados por un presunto delito de falsificación de documento oficial.

Durante la segunda jornada, la gerente de la citada empresa ha declarado que acudió al despacho del coronel, entonces jefe de Armamento, para advertirle de que las muestras necesarias para concurrir al procedimiento no habían llegado. Según su versión, fue el mando quien propuso buscar armas utilizadas en expedientes de contratación anteriores.

La acusada ha explicado que las reuniones con el coronel eran habituales y que confió en todo momento en su criterio profesional, dada su condición de responsable del servicio de Armamento. Las armas a las que se recurrió, según su declaración, eran fusiles que ya se habían presentado en otros procedimientos de contratación.

Por su parte, un empleado de la empresa ha relatado que recibió instrucciones para colocar las pegatinas de USP sobre el logo de la Guardia Civil que ya figuraba en las cajas de los fusiles. Según ha explicado, le indicaron dónde debía ponerlas y cómo cerrar los embalajes, una operación que repitió con las cinco muestras.

El trabajador ha asegurado que el coronel estaba presente durante esta operación y que sujetaba una de las cajas. Asimismo, ha afirmado que en ningún momento le dijeron que los fusiles pertenecían a la Guardia Civil y que, de haberlo sabido, habría retirado las pegatinas.

Por su parte, el coronel ha negado que ordenara retirar del almacén fusiles para utilizarlos como muestras en la licitación. Preguntado por el fiscal sobre si la gerente de la empresa le comunicó que las armas no habían llegado, ha respondido que no, que no le comentó nada en ningún momento.

Asimismo, ha asegurado que las cajas estaban apiladas y no se abrieron. Respecto a si vio que se tapara con pegatinas el logotipo de la Guardia Civil que figuraba en los embalajes, el mando ha contestado que no se fijó en ello.

CINCO FUSILES DE LA GUARDIA CIVIL

La investigación sostiene que los cinco fusiles utilizados para simular la entrega de las muestras pertenecían a la propia Guardia Civil y que se manipularon sus elementos identificativos para aparentar que habían sido aportados por USP, que necesitaba presentar las armas para participar en la licitación.

El instructor del atestado de Asuntos Internos ratificó en la primera jornada que se habrían falsificado documentos para simular la entrega de las cinco unidades, pese a que no se habían presentado en los términos exigidos por el pliego de prescripciones técnicas.

La licitación, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de septiembre de 2019, tenía por objeto la adquisición de un mínimo de 8.250 fusiles de asalto destinados a distintas unidades de la Guardia Civil. Entre los requisitos figuraba la presentación de cinco unidades de muestra idénticas al modelo ofertado.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el 18 de septiembre de 2019 la gerente de USP comunicó al coronel y al teniente coronel investigados que la empresa no podía presentar dentro del plazo las muestras exigidas. La acusación sostiene que, ante la posibilidad de que el concurso quedara desierto, se acordó utilizar cinco fusiles del cuerpo y manipular sus elementos de identificación.

Posteriormente, los cinco fusiles fueron embalados, precintados y etiquetados con referencias a la empresa y al expediente de contratación. La presentación del recibo de entrega de las muestras constituía uno de los requisitos para concurrir al procedimiento, por lo que la empresa presentó su oferta el 27 de septiembre de 2019.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el coronel por un presunto delito de falsificación de documento oficial y 18 meses de cárcel para cada uno de los otros dos acusados por el mismo delito.