El juez rechaza imputar "en este momento" al PSOE en el caso Leire, como pedía el PP

Madrid, 9 oct (EFE).- El juez Santiago Pedraz ha rechazado imputar "en este momento" al PSOE en el caso Leire, como pedía el PP, al considerar que aún faltan diligencias por practicar para esclarecer si hay una "conexión objetiva" entre los hechos atribuidos al exdirigente socialista Santos Cerdán y el partido.

"Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad", afirma el juez que investiga a una presunta trama para desestabilizar las causas judiciales que afectaran al PSOE y al Gobierno.

En un auto dictado este viernes, Pedraz sigue el criterio de la Fiscalía y rechaza la petición que el PP, que coordina las acusaciones populares, realizó un día después de la convocatoria electoral para imputar al PSOE en la Audiencia Nacional por delitos de financiación ilegal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y malversación.

Tras repasar la jurisprudencia del Tribunal Supremo para imputar a un partido, el juez apunta que "no basta con que directivos o empleados hayan cometido delitos", sino que "habría que valorar la eventual e indiciaria atribución de responsabilidad criminal al PSOE por los delitos presuntamente cometidos por su secretario de organización y gerente en el ejercicio de sus funciones".

Para ello, es necesario "practicar determinadas diligencias" con el objetivo de concretar si los pagos efectuados a la exmilitante socialista Leire Díez "fueron ordenados" y "satisfechos directamente" por el ex secretario de Organización Santos Cerdán desde cuentas del PSOE, "permitiendo establecer una conexión objetiva" entre su actuación y "la estructura patrimonial" del partido.

Es decir, hay que determinar qué "poderes reales" tenía Santos Cerdán dentro del partido, "quién autorizó y ejecutó los pagos investigados", qué controles internos existían, si hubo fallos relevantes de supervisión o si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas.

Porque, recalca el juez, para imputar a un partido, "debe acreditarse un defecto estructural de organización, control y supervisión" y tiene que "existir un beneficio directo o indirecto para la organización".

El juez explica que, con lo investigado hasta ahora, no hay un "principio de prueba" para investigar al PSOE. Ese principio de prueba sería una "antesala de los indicios", un dato que, aunque no demuestre el hecho, le dé "una base objetiva".

Con estos mimbres, el juez atisba que "los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE", si bien no hay por el momento "un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad".

Entre las diligencias que el juez estima necesarias figura el análisis de la documentación incautada al PSOE y a Cerdán en mayo y, después, la declaración de este exdirigente.

Pedraz quiere "concretar quién ordenó esos pagos", si los órganos de administración estaban al tanto, si hubo alertas internas o si el sistema de control los permitió sin comprobación alguna, quién estaba autorizado para disponer de las cuentas, o si existían facturas o documentos para dar cobertura a los pagos.

En su informe, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía vio prematura la imputación del PSOE, pero apuntó a indicios de cohecho y tráfico de influencias.

En su opinión, con lo investigado "parece evidenciarse que no existía mecanismo de control alguno sobre la gestión que (...) Cerdán hacía de las cuentas del partido", si bien la Fiscalía cree que este exdirigente "debe ser oído" para determinar sus poderes y funciones, su dependencia respecto a la Comisión Ejecutiva Federal o su responsabilidad en la contratación de Leire Díez.

Además de la declaración de Santos Cerdán, la Fiscalía ve pertinente, en segunda instancia, la de Leire Díez, del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE Juan Manuel Serrano y del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, todos ellos investigados.

Porque, recalca la Fiscalía, para imputar a una persona jurídica ésta debe ser responsable de forma autónoma, y no como "consecuencia refleja de la responsabilidad de su secretario de Organización y la gerente", Ana María Fuentes, también investigada. EFE