Madrid, 6 oct (EFE).- El Gobierno ha vuelto a aprobar los dos decretos de vivienda que el pleno del Congreso rechazó hace cuatro días, aunque con pequeñas modificaciones, con el fin de que al menos uno de ellos sea convalidado en la Diputación Permanente y con la promesa del presidente Pedro Sánchez de una "intervención mucho más firme" en este mercado tras las elecciones del 29N.
Sánchez ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que los dos nuevos decretos ley ratificados este martes mantienen la esencia de los anteriores, con medidas de "sentido común" e "incorporaciones muy positivas".
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Según ha apuntado, el segundo decreto no cuenta con el apoyo de una mayoría parlamentaria en la Diputación Permanente y "solo entraría en vigor si al final" este organismo lo aprueba, mientras que el primer decreto, que contiene la mayoría de las medidas, entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los dos textos suman 21 medidas orientadas a facilitar el acceso al alquiler y a la compra, aumentar la oferta de vivienda protegida, combatir la especulación, dar "tranquilidad" y "estabilidad" a pequeños propietarios e inquilinos y proteger a los más vulnerables frente a desahucios.
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Entre ellas, el presidente ha destacado la movilización de 10.000 millones de euros en préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 50.000 euros para la compra de la primera vivienda, de otros 280 millones en avales para fomentar la industrialización en la construcción y de 400 millones más para ayudar a proveedores de vivienda social, así como la adquisición de miles de inmuebles de la Seguridad Social por parte de Casa 47.
También ha recordado las desgravaciones en el IRPF a inquilinos, la prórroga de dos años para los contratos de alquiler al corriente de pago, la limitación en la subida de rentas y en la compra de inmuebles por parte de los "fondos buitre", la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones, la vinculación de los beneficios de las socimi (sociedades de inversión inmobiliaria) al alquiler asequible y la imposición de IVA a los pisos turísticos.
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No obstante, Sánchez ha reconocido que estas medidas, "por sí solas, no van a resolver" el problema de la vivienda y ha abogado por "impulsar una intervención de forma mucho más firme" en un mercado que, a su juicio, "claramente no funciona".
En esa línea y 24 horas después de convocar elecciones para el 29 de noviembre, el presidente y candidato del PSOE ha utilizado como reclamo electoral los llamados decretos Maricarmen, aprobados a raíz de la ola de movilizaciones que empezó en numerosas ciudades de España tras el desahucio en Madrid de Maricarmen, de 87 años.
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Así, Sánchez se ha comprometido a "continuar construyendo cientos de miles de viviendas más, en especial públicas y asequibles" y ha insistido en que, a pesar de la convocatoria electoral, el Gobierno "ni tira la toalla, ni deja tirada a la gente".
"No vamos a permitir ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen o como los que se han producido después de decaer los decretos; ni durante lo que resta de legislatura, ni espero que en la siguiente, si nos dan una mayoría más rotunda", ha prometido.
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Entretanto, su socio de gobierno, Sumar, ha reivindicado el papel de haber "empujado hasta el Consejo de Ministros las movilizaciones" de la calle, ante "ciertas reticencias" del PSOE que, según ha dicho, han "podido vencer, pero que siguen ahí".
Así lo ha indicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones en el Congreso, donde ha defendido el "alquiler indefinido" como una "medida estructural" de la que Sumar hará bandera en la campaña electoral, para que se apruebe "más pronto que tarde en un Consejo de Ministros que sea el mejor Consejo de Ministros progresista que hayamos tenido".
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Para el PP, la aprobación hoy de los decretos de vivienda no es más que "un acto de propaganda de Pedro Sánchez", ha dicho la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado de que los estudiará "detenidamente" y, si se convalidan, usará contra ellos "todos los instrumentos jurídicos" a su alcance.
Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha considerado el traslado de la votación a la Diputación Permanente una "cacicada" más de Sánchez y ha apuntado que "tendrá que ver" si es recurrible en los tribunales, "porque la mayoría (de ese órgano) no es puramente representativa".
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Desde Helsinki, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha opinado también que el Gobierno no debería haber buscado un "espacio diferente" para aprobar los dos decretos que fueron rechazados el pasado viernes por el pleno.
A la izquierda del PSOE, la secretaria general del Podemos, Ione Belarra, ha criticado que los socialistas, "en vez de alegrarse de la movilización que hay en las calles por el derecho a la vivienda y acompañarla con políticas valientes" la intente "aprovechar de manera partidista" para convocar elecciones.
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Belarra ha llamado a participar en la huelga general por la vivienda, como "un hito más en una movilización histórica para terminar con el modelo de la especulación que ha durado desde la Transición" y que, a su juicio, tiene como "sostén" tanto al PP como al PSOE. EFE
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