Rafael Martínez
Madrid, 6 oct (EFE).- Tras casi nueve años huido de la justicia española, el expresident catalán Carles Puigdemont ya puede regresar a España sin riesgo a ser detenido, una vez que el magistrado Pablo Llarena ha levantado la orden de detención nacional, apenas una hora después de que el Tribunal Constitucional declarara amnistiado el delito de malversación a la exconsellera Dolors Bassa.
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La decisión de la corte de garantías era un secreto a voces y solo faltaba refrendarla en la votación que se ha producido poco antes del mediodía, cuando los siete magistrados de la mayoría progresista han votado a favor de estimar el recurso de la exconsellera frente a los cinco en contra de la minoría conservadora a partir de la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido.
La sentencia aprobada ordena al alto tribunal que "dicte una nueva resolución en la que se declare amnistiado el delito de malversación" a Bassa con "carácter preferente y urgente", lo que supone una orden directa y precisa, como ya anticipó Conde Pumpido hace unos días, que era justo lo que había pedido el Supremo.
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Porque la resolución fija la doctrina que será de aplicación para el resto de los recursos de condenados y procesados por rebeldía por el procés que están pendientes de resolver por el Constitucional, entre ellos el exconseller Jordi Turull, cuyo recurso finalmente no se ha votado hoy una vez que el magistrado conservador Jose Maria Macías ha retirado su ponencia, que era estimatoria pero menos crítica con el Supremo que la del presidente respecto a Bassa.
Aunque aquí la clave no es la aplicación de esta sentencia a los recursos pendientes en el Constitucional, sino que el Supremo ya tiene vía libre para actuar porque el alto tribunal tenía previsto hacerlo siempre que la doctrina fuera clara y en cuanto la sentencia del TC fuera publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE).
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Pero resulta que en una mañana frenética y sin esperar a recibir la sentencia, el magistrado Pablo Llarena ha dejado sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención de Carles Puigdemont, que ya puede regresar a España sin ser arrestado desde que abandonó el territorio el 29 de octubre de 2017.
Llarena, cuya decisión afecta también a los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig, explica que adopta esta decisión tras hacerse público el fallo del Constitucional, porque ya no tiene sentido mantener las medidas cautelares pues la coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida permite apreciar, que el pronunciamiento constitucional puede incidir en el fundamento de las órdenes de detención, acordadas el 1 de julio de 2024.
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Ahora bien, deja claro que no declara aplicable la amnistía, pero que resolverá sin demora una vez conozca el contenido íntegro de la sentencia, que probablemente no se demore más de esta misma semana.
En paralelo, también está previsto que entonces la Sala de lo Penal actúe y aplique la doctrina del Constitucional al resto de condenados por el delito de malversación, estos son el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Jordi Turull y Raul Romeva.
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En síntesis, la sentencia del Constitucional enmienda la postura del Supremo, que no aplicó la amnistía a la malversación al entender que los líderes del procés obtuvieron un beneficio personal de naturaleza patrimonial, una de las excepciones que recoge la norma.
Fuentes jurídicas explican que se han suavizado algunas expresiones de la ponencia que se consideraban duras con el criterio del Supremo cuya interpretación, recogía el borrador, es "manifiestamente contraria al espíritu y finalidad de la Ley".
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Enfrente, los cinco magistrados que han emitido un voto particular denuncian que la corte ha suplantado al Supremo "en la apreciación de la amnistía" con la utilización de ciertos epítetos que consideran "inaceptables" y de los que se deduce "una tan lamentable como inasumible animadversión o virulencia hacia la Sala Segunda".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la decisión del TC de amnistiar la malversación, al considerar que ayuda a la sociedad catalana. Ahora bien, ha avanzado que no tiene previsto reunirse con Puigdemont cuando éste regrese a España.
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"Estamos los candidatos defendiendo nuestras opciones políticas, que son legítimas, y por tanto, no contemplo reunirme ni con un candidato ni un político ni con otro", ha indicado el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE a poco más de mes y medio de las elecciones del 29 de noviembre convocadas ayer.
En el ejercicio de sus "responsabilidades institucionales", ha añadido, puede mantener la "interlocución" que haga falta con otros "responsables institucionales", pero "nada más allá de esto", ha zanjado Sánchez en una rueda de prensa desde la Moncloa. EFE
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