La Audiencia Nacional ha estimado un recurso presentado por Ferrovial, lo que permitirá a la compañía recuperar los 36,8 millones de euros que ya ingresó en las arcas públicas por la liquidación que le requería Hacienda al cuestionar los beneficios fiscales aplicados cuando compró las sociedades extranjeras Amey y Swissport entre 2003 y 2005.
En concreto, una sentencia fechada el pasado 10 de septiembre consultada por Europa Press anula la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y la liquidación practicada por la Agencia Tributaria en relación con el Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2006 a 2009.
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La decisión se adopta después de que la Abogacía del Estado reconociese que la compañía tenía derecho a la devolución de ese importe tras la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En sus sentencias de junio de 2025, la máxima instancia judicial comunitaria desestimó los recursos de la Comisión Europea y ratificó de forma definitiva que las deducciones fiscales aplicadas en España por la compra indirecta de participaciones en el extranjero estaban amparadas por los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, dejando sin soporte normativo la reclamación de Hacienda.
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En su escrito de allanamiento, la Abogacía del Estado introdujo diversas reservas orientadas a mantener la potestad de comprobar en el futuro las cuantías en los ejercicios no prescritos, aunque los magistrados de la Audiencia Nacional subrayan que tales salvedades carecen de relevancia para el proceso, al referirse a hipotéticos supuestos futuros que no forman parte del objeto del litigio.
OTROS LITIGIOS PENDIENTES
Esta sentencia formaliza el triunfo de la constructora en el tramo fiscal de 2006 a 2009, pero se enmarca en un contencioso de mayor alcance financiero. Según figura en la documentación financiera del grupo correspondiente al primer semestre de 2026, la compañía prevé una resolución igualmente favorable en el recurso que mantiene pendiente ante el Tribunal Supremo español para el periodo 2002-2005, que involucra otros 44 millones de euros.
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Adicionalmente, el grupo confía en recuperar de la Agencia Tributaria los 45 millones de euros que fue obligada a abonar inicialmente por las inspecciones relativas al periodo 2006-2021 -dentro de los cuales se engloba esta liquidación de 36,8 millones-, a los que se sumarían alrededor de 8 millones de euros en concepto de intereses de demora.
En 2023, el Tribunal Supremo ya dio la razón a la constructora frente a otra reclamación de la Agencia Tributaria, que ascendía a 119,2 millones de euros por la compra del operador del aeropuerto londinense de Heathrow (BAA).
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