El Gobierno quería animar a los dueños de pisos vacíos a venderlos con incentivos fiscales

Madrid, 5 oct (EFE).- El Gobierno quería que la nueva Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa se convirtiera en un gancho para que miles de propietarios de viviendas vacías se animaran a venderlas a entidades públicas y contribuir así a la creación de un parque de vivienda social.

Sin embargo, la derogación del Real Decreto-ley en el Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones anticipadas ha dejado en el aire un diseño que, a priori, los expertos valoraban por su fondo económico, aunque despertaba dudas en su efectividad sobre el alquiler.

A través de incentivos fiscales, el Gobierno pretendía que los propietarios de viviendas vacías durante al menos dos años las vendieran a administraciones o entidades públicas dedicadas a la gestión y promoción de vivienda social y asequible, y que esos recursos fueran reinvertidos en la cuenta de ahorro.

Por esta vía, para las transmisiones con un precio de venta de hasta 200.000 euros, la ganancia patrimonial contaría con una exención del 100 %, mientras que para ventas de hasta 800.000 euros, la exención sobre el beneficio sería proporcionalmente decreciente.

Este beneficio fiscal se aplicaría siempre que la cantidad no exenta fuese ingresada en esta Cuenta de Ahorro e Inversión en un plazo de seis meses desde la venta.

Esta estrategia buscaba conectar la falta de vivienda pública y el perfil conservador del ahorrador español.

Carlos Balado, investigador de OBS Business School, explica que la medida pretendía cambiar el comportamiento financiero tradicional: "La propuesta abría la posibilidad a que aquellas personas que eran simples depositantes se convirtieran en inversores (...), canalizando el ahorro hacia productos que en teoría ofrecen una rentabilidad mucho mayor que la de los depósitos”.

Por su parte, el analista Javier Santacruz, del Instituto Español de Analistas (IEA), destacaba la coherencia teórica de haber unido ambas parcelas en la misma norma: "Tenía sentido hablar de la vivienda y de una cuenta de inversión en el mismo texto porque son las dos caras de la moneda del patrimonio de las familias españolas (...), que se divide en torno a un 70 % en inmuebles y un 30 % en activos financieros".

Balado destacaba que "a diferencia de una venta de viviendas en el mercado privado, donde la ganancia patrimonial tributa en la escala del IRPF hasta un 26 %, la ganancia destinada a esta cuenta quedaba exenta, lo que suponía un incentivo directo para vender al Estado".

Pese al atractivo que suponía esta cartera de acciones europeas, fondos o ETF, la norma no convencía a todos los especialistas en lo relativo al mercado del arrendamiento.

Carmen Jover, economista y especialista en fiscalidad de la UPF-BSM, advertía de que las medidas no iban a resolver la tensión del mercado, debido a que "con los nuevos condicionantes sobre la prórroga de los contratos, parecía que el Real Decreto no lograría incentivarlo, porque muchos propietarios prefieren no poner sus viviendas en alquiler bajo estas medidas".

El propio Balado subrayaba que, si bien la cuenta era una forma para poner más viviendas a disposición del sector público "en un momento de máxima necesidad", su éxito final iba a depender de unas decisiones reglamentarias que ahora quedan congeladas.

"Estaba por ver a qué precios y bajo qué fin (venta o alquiler) iba a poner el Estado esas viviendas en el mercado", señalaba el investigador.

La recomendación europea queda por ahora detenida mientras los propietarios continuarán expuestos a los recargos municipales del impuesto de bienes inmuebles de hasta 150 % que los ayuntamientos pueden aplicar a las viviendas desocupadas. EFE

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