A las puertas de un adelanto electoral, España encadena cuatro años sin presupuestos mientras el gasto público crece un 19%

Ahora que ya parece que asoman unas elecciones generales, y que no serán en 2027, sino que todo apunta a que podrían ser en noviembre, cabe destacar que España lleva ya cuatro años consecutivos sin unas cuentas públicas nuevas aprobadas en el Congreso de los Diputados. Los números hace tiempo que no le dan a Pedro Sánchez. De hecho, las últimas se aprobaron en 2023 y siguen vigentes bajo sucesivas prórrogas. Y mientras tanto, el gasto del conjunto de las administraciones públicas se ha incrementado un 19% durante este trienio, según un análisis de Funcas publicado en su revista Cuadernos de Información Económica. La cifra excluye el pago de intereses de la deuda y los fondos europeos Next Generation.

Este dato contradice la lógica que suele atribuirse a un escenario de prórroga presupuestaria. El artículo 134.4 de la Constitución establece que, en ausencia de nuevas cuentas, los créditos quedan congelados en euros corrientes como garantía de continuidad de la acción pública, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la falta de acuerdo presupuestario puede derivar en el cierre de servicios. En España, sin embargo, la paralización formal no se ha traducido en una paralización real del gasto.

El gasto ejecutado por el Estado y la Seguridad Social, principales entes sobre los que recae directamente la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se sitúa un 14% y un 20% por encima, respectivamente, de lo previsto en las cuentas prorrogadas. Ese desvío conjunto equivale a 78.000 millones de euros, de acuerdo con los cálculos de Funcas basados en datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La recaudación tributaria, por su parte, se ha expandido a un ritmo todavía mayor, cercano al 24%, en el mismo periodo. Parte de la explicación reside en que la prórroga de los PGE no afecta a los entes territoriales, que cuentan con presupuestos propios y, salvo excepciones, han mantenido una senda expansiva de gasto. Las comunidades autónomas quedan así al margen del bloqueo que sí rige para la Administración central.

Las modificaciones de crédito, la vía de escape

El Gobierno ha logrado aumentar el gasto público mediante un recurso legal conocido como modificaciones presupuestarias. Se trata de mecanismos que permiten ampliar las partidas de gasto previstas inicialmente, sin necesidad de aprobar unas cuentas nuevas en el Congreso.

Estas herramientas existían ya en la normativa española, pero estaban pensadas para cubrir situaciones excepcionales o imprevistos puntuales, no para sostener de forma continuada el gasto de todo un país. En los últimos años, sin embargo, su uso se ha disparado: el Estado recurrió a 52.344 millones de euros en 2024, a 76.944 millones en 2025 y a 33.489 millones adicionales solo hasta mayo de 2026, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) recogidos en el informe.

Estas modificaciones representaron el 16,8% del total del gasto del Estado en 2025, una proporción que triplica el 5,2% registrado en 2023, el último año con presupuestos aprobados. Entre las fórmulas empleadas figuran las ampliaciones de crédito, destinadas sobre todo al pago de la deuda y las pensiones; los créditos extraordinarios y suplementos de crédito, que requieren un decreto-ley; y las generaciones de crédito, que incorporan ingresos imprevistos, como los procedentes de fondos europeos, sin necesidad de trámite parlamentario.

“Lo excepcional del contexto actual es que la reiteración de prórrogas presupuestarias ha derivado en un abuso de las modificaciones”, señala el análisis de Funcas. Una parte sustancial de ese gasto responde a compromisos ineludibles: en 2025, los gastos financieros de la deuda pública y el pago de pensiones concentraron el 53% del monto total de modificaciones aprobadas.

Decisiones sin control previo del Parlamento

La aprobación de estos instrumentos corresponde, según el caso, al ministro de Hacienda o al Consejo de Ministros, sin que exista un filtro previo en el Parlamento. Esa combinación de menor transparencia y mayor flexibilidad habría favorecido, según Funcas, la expansión del gasto primario neto observada desde 2024. El fenómeno ha sido posible gracias al fuerte impulso recaudatorio de los principales impuestos —IRPF, IVA, impuesto de sociedades e impuestos especiales—, que desde 2021 han crecido en conjunto a un promedio anual del 11,4%, de acuerdo con datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

A este gasto corriente se suma el uso de modificaciones de crédito para operaciones financieras que no computan a efectos de los objetivos de déficit. En el último trienio, el Estado autorizó modificaciones por 47.700 millones de euros destinadas a capitalización de empresas públicas y privadas, concesión de préstamos y compra de activos. Como resultado, la necesidad total de financiación de las administraciones ascendió el año pasado al 4% del producto interior bruto (PIB), por encima de la cifra de déficit convencional.

El informe concluye que la reiteración de prórrogas ha restado eficacia a la política fiscal en dos sentidos: por un lado, impidió realizar los ajustes tributarios o de gasto que el ciclo económico habría demandado; por otro, dificultó una respuesta coherente a los nuevos desafíos, con partidas como vivienda y educación relegadas frente a compromisos de gasto ya comprometidos, como la deuda y las pensiones.