(corrige el nombre de la ministra de Vivienda en el octavo párrafo )
Cora Serrano
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Madrid, 2 oct (EFE).- El desahucio de Maricarmen Abascal a sus 87 años de edad ha desatado en poco más de una semana una oleada de acontecimientos que han culminado este viernes con el rechazo del Congreso a los dos decretos de vivienda que el Gobierno de coalición acordó para enfrentar la situación y que en el último minuto ha colocado al Ejecutivo en apuros.
Con los ecos de un posible adelanto electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto un periodo de reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones previstas para 2027. Desde el Ejecutivo afirman, no obstante, que en este instante no se está "en esa pantalla" y que la decisión final de Sánchez será fruto de su reflexión.
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Hay que remontarse al 23 de septiembre. El desahucio de una octogenaria en Madrid de la casa en la que llevaba viviendo los últimos 70 años con un contrato de renta antigua encendió la llama de las protestas ciudadanas y la urgencia del Gobierno para sacar adelante un conjunto de medidas que evitaran situaciones similares.
Aunque la intención inicial del Gobierno era sacar adelante un decreto de vivienda en julio, la falta de acuerdos retrasó su aprobación, que a la vuelta del verano se ha visto apremiada por el "caso Maricarmen" y una protesta en las calles de todo el país que seguirá a lo largo de este fin de semana y que llama a una huelga general.
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La idea de trocear en dos decretos las medidas no gustó a los socios de Sumar, sobre todo viendo que el segundo de ellos, el que hacía referencia a la prórroga indefinida de los contratos que tanto demandaban, despertaba recelos entre muchas formaciones.
Algo que ha quedado patente en las votaciones de este viernes, dando lugar a los dos decretos que menos tiempo han estado en vigor de la democracia, el último de ellos menos de un día.
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Aunque PSOE y Sumar se habían afanado en apelar a la responsabilidad de los grupos por una "cuestión de humanidad", el Gobierno seguía pidiendo -minutos antes de la votación- a Junts su voto a favor o su abstención a fin de sacar al menos el primero de los decretos y tramitarlo después como proyecto de ley incorporando sus aportaciones.
Sin embargo, la formación de Carles Puigdemont cumplió los pronósticos y viendo que el Gobierno de coalición no retiraba ambos decretos de su votación rechazaron, tal y como estaba previsto, ambos textos. El primero de ellos defendido por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el segundo por el de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
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El fracaso de ambas votaciones no solo ha incrementado la presión en las calles alentada por el Sindicato de Inquilinos, una protesta que hoy se ha acercado a las puertas del Congreso y que promete seguir.
"Los fondos buitre gobiernan el Congreso", cantaban desde la zona de invitados del Congreso tras contabilizase los votos, mientras acompañaban sus protestas con una lluvia de papeles que caía sobre los diputados que empezaban a levantarse de sus asientos después de una sesión que comenzó a las 11 de la mañana.
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Desde el propio Gobierno ya habían incluso reconocido que podía producirse una avalancha judicial, algo que ya advertían desde el sector inmobiliario y desde la oposición, que alertaban de una contracción aún mayor de la oferta de vivienda en alquiler, una mayor escalada de precios y un agravamiento de las dificultades de acceso, especialmente para los más vulnerables.
A la espera de lo que sucede este fin de semana, marcado por el periodo de reflexión de Sánchez, las manifestaciones, y la reunión del domingo de las formaciones de izquierdas, lo que está claro es que se ve complicado llegar a acuerdos en la que es la principal preocupación de los españoles. EFE
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