El Congreso aprueba por unanimidad el suplicatorio de un diputado de Sumar para que lo investigue el Supremo

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles por unanimidad el suplicatorio del diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné para que el Tribunal Supremo pueda investigarle por un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de contratos durante su etapa como alcalde.

En concreto, el tribunal aprecia "indicios de que durante el periodo" en el que el diputado ejerció como primer edil de Altafulla (Tarragona), "y con su participación", se llevaron a cabo adjudicaciones públicas por medio de contratos menores, una manera, según el auto, de "realizar contratos sin sujetarse a la legislación específica en la materia de contratación pública".

Félix Alonso ya acudió a declarar voluntariamente el pasado 15 de junio ante el Supremo, donde defendió "la legitimidad de las contrataciones" y descartó haber cometido irregularidades. Un mes después, el pasado 14 de julio, el Supremo elevó el suplicatorio al Congreso para que suspenda su inmunidad.

RENUNCIÓ A PRESENTAR ALEGACIONES

La Mesa del Congreso recibió la solicitud y la envió a la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que corresponde una primera valoración, y, con el inicio del periodo ordinario de sesiones, este órgano abrió un plazo para que Alonso presentara alegaciones, pero él renunció a hacerlo.

Y la comisión, que preside el 'popular' Manuel Cobo, autorizó la semana pasada la suspensión de su inmunidad y lo elevó al Pleno, que este miércoles ha ratificado por unanimidad la concesión del suplicatorio. Como marca el Reglamento, la votación se realizado a puerta cerrada.

Ahora, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuenta con un plazo de ocho días para trasladar la decisión a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

En Comuns ha mostrado una vez más su confianza en la honestidad de Alonso Cantorné y su convencimiento de que podrá demostrar que actuó siempre "al servicio del interés general". De hecho, fuentes de la coalición recuerdan que ya ha colaborado con la Justicia "desde el primer momento" declarando voluntariamente ante el Supremo el pasado junio. Y han recalcado que el caso de su diputado no es de corrupción sino una cuestión administrativa.

EL SEGUNDO DE LA LEGISLATURA

El de Alonso Cantorné es el segundo suplicatorio que se tramita en esta legislatura. El último que salió adelante data de enero de 2025 y afectó al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, al que el Tribunal Supremo quería investigar por las presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Finalmente, el Alto Tribunal acabó condenándole a 24 años de prisión por su implicación en el conocido como 'caso mascarillas'.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 34 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

En la pasada legislatura, el Congreso dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres); a la expresidenta de Junts Laura Borrás, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC); y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos.

El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño. Después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.

En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y la anterior fue la que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.