Ceuta, 30 sep (EFE).- El Gobierno de Ceuta ha puesto en marcha siete actuaciones como consecuencia de denuncias vecinales por la el uso ilegal de viviendas de titularidad pública que presuntamente estarían siendo utilizadas por sus propietarios para alojar a los migrantes que entraron los días 30 y 31 de julio a cambio de dinero.
El dato ha sido dado a conocer por el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), durante la sesión plenaria de control con motivo de una interpelación presentada por Vox sobre las actuaciones llevadas a cabo en las viviendas de protección oficial tras la entrada masiva de finales de julio.
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Ramírez ha concretado que se han efectuado siete actuaciones y ha dicho que esta labor “no es sencilla en cuanto a la operativa” y ha advertido de que del resultado, derivarán “rescindir el contrato o sancionar a los propietarios, es decir, lo que dictamine la norma”.
El portavoz de Vox, Juan Sergio Redondo, ha explicado que se han advertido numerosas ocupaciones de viviendas, garajes o trasteros por parte de “invasores”, según ha dicho, y ha destacado que estas casas-patera se han convertido en un “negocio particular”, por lo que ha pedido un dispositivo “preventivo y específico” de actuación y no esperar a la actuación de la Policía Nacional en estos inmuebles.
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“La vivienda pública está para cumplir una función social y no para un negocio privado”, ha referido Juan Sergio Redondo en torno a estas personas que alojan en sus viviendas a migrantes de forma irregular, sobre todo en la zona de Loma Colmenar.
El Gobierno ceutí ha añadido que ha mantenido una reunión con los presidentes de las barriadas para alertar de esta “lamentable situación” que se viene produciendo con esta utilización ilegal de las viviendas que derivan en un delito contra la inmigración irregular. EFE
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