Barcelona, 28 sep (EFE).- La defensa de Equipo Económico, el despacho fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro investigado por cobrar de empresas gasistas a cambio de favorecer sus intereses, ha pedido al Tribunal Supremo que traslade a los juzgados de Madrid la causa, que ahora instruye un juez de Tarragona.
Equipo Económico es la primera de las defensas que ha movido ficha para trasladar la causa, después de que la semana pasada la Audiencia de Tarragona dictaminara que es el Tribunal Supremo el órgano competente para decidir qué juzgado debe instruir el caso Montoro.
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En la causa, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, investiga si el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y su despacho Equipo Económico cobraron comisiones de empresas gasísticas a cambio de impulsar modificaciones legislativas que favorecieran sus intereses.
La inhibición de los juzgados de Tarragona a los de Madrid la plantearon ante la Audiencia Provincial varias de las defensas, que alegaban que Equipo Económico tiene su sede y único centro de trabajo en la capital española, al igual que la AFGIM, entidad que engloba a las empresas gasistas.
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Además, argumentaban las defensas, no solo es en Madrid donde radica la sede del Ministerio de Hacienda y sus órganos centrales, sino que también es en la capital española donde se presentaron las propuestas legislativas ante las Cortes Generales que se investigan y donde se reunirían los representantes de AFGIM y Equipo Económico.
Para las defensas, la única conexión de los hechos investigados con Tarragona es que la causa se inició de forma "irregular" por "hallazgos casuales" en el marco de otro caso que llevaba el mismo juzgado y que alguna de las empresas investigadas tiene sede en la ciudad catalana.
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La Audiencia de Tarragona concluyó que ni ella ni el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) son competentes para decidir quién debe quedarse con el caso Montoro, puesto que se trata de una discusión entre órganos de instrucción de distintas comunidades autónomas que debe ser resuelta por el Tribunal Supremo, lo que ha motivado la petición de Equipo Económico.
La investigación del caso Montoro la abrió en 2018 el Juzgado de Instrucción número dos de Tarragona y permaneció en secreto hasta el año pasado. Quedan pendientes aún varias diligencias y la declaración de los principales investigados, entre ellos el propio exministro.
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rg/fl/oli
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