Madrid, 25 sep (EFE).- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado este viernes una reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil que habilite a la Fiscalía a intervenir en los desahucios de personas especialmente vulnerables como ha sido el caso de Maricarmen, la madrileña de 87 años y con discapacidad que ha sido desahuciada esta semana de la casa en la que llevaba décadas viviendo.
En un comunicado, la UPF señala que el desahucio de Maricarmen demuestra que el ordenamiento todavía no dispone de todos los instrumentos necesarios para garantizar una adecuada protección jurídica de las personas especialmente vulnerables ante un lanzamiento.
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"Desde la Unión Progresista de Fiscales no pretendemos cuestionar la resolución judicial adoptada ni los legítimos derechos de los propietarios. Queremos señalar una carencia distinta, de carácter legal e institucional", indica.
Explica que el ordenamiento jurídico ha incorporado durante los últimos años distintos mecanismos para evitar que la ejecución de un lanzamiento ignore situaciones de vulnerabilidad. De esta manera, intervienen los servicios sociales, se elaboran informes, se realizan comunicaciones a las Administraciones competentes y el juez debe ponderar las circunstancias personales y familiares antes de adoptar una decisión.
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Sin embargo, lamenta, no existe una previsión general que permita al Ministerio Fiscal intervenir específicamente en estos incidentes para defender los derechos de la persona vulnerable. Y apunta a una "incoherencia que debemos corregir", que implica que el Ministerio Fiscal puede intervenir en otros ámbitos cuando están afectadas personas especialmente vulnerables, pero no con carácter general en el procedimiento civil de desahucio.
Puntualiza que su propuesta no es que los fiscales intervengan en todos los procedimientos de desahucio, sino que la Ley de Enjuiciamiento Civil habilite expresamente la intervención del Ministerio Fiscal cuando un lanzamiento pueda afectar a menores, personas con discapacidad, personas dependientes, personas mayores o cualesquiera otras personas en situación de especial vulnerabilidad.
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"No se trata de impedir automáticamente un desahucio ni de desconocer los legítimos derechos de los propietarios" -aclara- sino de garantizar que, "cuando detrás de una puerta haya una persona especialmente vulnerable, sus derechos cuenten con una protección jurídica efectiva antes de que se ejecute el lanzamiento".
"Ahí tiene que estar el Ministerio Fiscal", defiende. EFE
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