El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, considera que la expropiación de la vivienda de Maricarmen, propuesta por Sumar tras el desahucio a la mujer de 87 años de su casa en el barrio del Retiro (Madrid), sentaría un "precedente" para intervenir con esta fórmula ante situaciones similares.
"Hay muchas 'Maricarmenes', desgraciadamente. Este caso se ha hecho muy visible porque es particularmente sangrante. Hay muchas realidades así, entonces se trata de intervenir para restaurar el daño concreto de esta situación, pero también para impedir que vuelva a producirse", ha defendido en una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press.
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El ministro ha señalado que, ante el desahucio a la vecina madrileña, hay una "urgencia evidente" que "no se puede quedar así", subrayando que, para evitarlo, el Gobierno dispone de "varias alternativas para hacerlo", entra las que está la expropiación, que "se puede hacer de una manera que sea perfectamente razonable" pero también "puede sentar un precedente".
"No se trata solo de restaurar una situación de gravísima injusticia como se ha producido con Maricarmen, se trata de que no se pueda volver a producir", ha insistido Bustinduy, quien ha reivindicado la protección ante los desahucios en el nuevo decreto de vivienda que negocia el Gobierno y la fórmula de la expropiación "para solucionar el caso de la propiedad" de la casa de la vecina desalojada en Madrid.
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"LA PROPIEDAD PRIVADA TIENE LÍMITES"
Bustinduy ha afirmado que hay un "fondo buitre" que ha decidido "desafiar" no solo al Gobierno, sino también a la sociedad española, expulsando de su casa a una mujer para "hacer negocio", negándose incluso a la mediación o a aceptar las donaciones anónimas para frenar al desahucio. Ante esto, el ministro ha explicado que el artículo 33 de la Constitución recoge "fórmulas" para aseverar "lo que es la función social de la propiedad".
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Según ha afirmado, "la propiedad privada tiene límites" y "hay unos supuestos" en los que "se puede intervenir para recuperar la vivienda y que Maricarmen pueda volver a residir e ella".
"Es legítimo que haya debates jurídicos. Evidentemente, pues la parte afectada lo impugnará, pero creo que no nos podemos quedar de brazos cruzados ante un desafío al sentido común y a la moralidad de nuestra sociedad", ha defendido el ministro, que también ha abogado para que la empresa pública Casa 47 proporcione a Maricarmen una vivienda.
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